SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CC.OO. de Andalucía mostró hoy su rechazo al proyecto de Ley de creación de la empresa pública de gestión para los hospitales de alta resolución de Cádiz, Huelva y Sevilla, por lo que anunció que no presentará alegaciones.
Durante la comparecencia de los agentes sociales en la Comisión de Salud que hoy debatió este proyecto de ley, la central sindical valoró la creación de esta nueva red de atención sanitaria, si bien solicitó su integración al Servicio Andaluz de Salud "al no estar demostradas las ventajas de estas empresa públicas en Andalucía, tras 12 años de funcionamiento".
De igual modo, recordó el dictamen que por unanimidad emitió el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), en el que se recomendaba a la Consejería de Salud y al Consejo de Gobierno la reconsideración de este proyecto de Ley.
En dicho dictamen, todos los miembros del CES estimaron que "la oportunidad económica, política y social de las medidas planteadas no justificaba su aprobación", destacó CC.OO. Por ello, el representante de este sindicato en la Comisión de Salud que hoy trató este tema, Rafael Aljama, solicitó que esta nueva estructura asistencial se integre en el SAS.
Con todo, valoró la estrategia de implantación en Andalucía de la red de Chares, al considerarlos "un elemento innovador que va a mejorar de manera notoria la asistencia sanitaria, tanto en la resolución de los procesos asistenciales, como en la accesibilidad de los ciudadanos".
CC.OO. lamentó que la exposición de motivos del proyecto de Ley "se intenta conseguir una justificación suficiente del modelo de gestión elegido, si bien rebatió que "no lo consigue en ningún momento".
Aljama achacó esta circunstancia a que "no es posible justificar un modelo del que, después de 12 años de funcionamiento, aún no existen evaluaciones válidas, porque la mayoría de los indicadores sanitarios e, incluso, económicos, no permiten afirmar la prevalencia de este modelo sobre el propio SAS".
Para CC.OO, "los supuestos beneficios del modelo propuesto no afectan a la calidad de la asistencia, los tiempos de demora quirúrgica, el grado de satisfacción del usuario, ni siquiera el capítulo de gastos de personal".
Aljama opinó que los beneficios que plantea la Ley están enfocados a aspectos que "no tienen una incidencia directa sobre la prestación de los servicios, pero sí aumentan la eficiencia de los recursos". Debido a ello, planteó que es "más coherente y conveniente incorporar estos beneficios al conjunto del sistema sanitario público y establecer las normas necesarias para que puedan ser adoptados por el SAS".
Por último, demandó que se reflexione sobre la conveniencia de "persistir en una línea de actuación cuyas ventajas están por demostrar y cuyos inconvenientes son más que evidentes".
