SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El anteproyecto de Ley de Salud Pública comienza mañana su período público de alegaciones, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 224 del 17 de noviembre. Así, durante 15 días hábiles a contar a partir del día 18, organismos, entidades, colectivos y ciudadanos podrán formular al texto las alegaciones que estimen pertinentes, según informó hoy en una nota la Consejería Salud.
Al igual que ya ocurriese con el anteproyecto de Ley de Dignidad de las Personas ante el Proceso de la Muerte, los ciudadanos serán, junto a los agentes sociales y económicos, y colectivos implicados, personal activo en la redacción de este texto por la implicación que tendrán en el desarrollo normativo.
Para su consulta, el texto estará disponible en la web de la Consejería de Salud (www.juntadeandalucia.es/salud), y en la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería y las Delegaciones Provinciales en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. Además, se ha remitido a más de 80 asociaciones, sociedades científicas y demás grupos de interés relacionados con el proyecto de ley.
Las alegaciones podrán formularse mediante escrito dirigido a la Secretaría General Técnica en el registro de la Consejería de Salud o cualquier organismo público adjuntando, en el caso de organismos, entidades y colectivos interesados, la acreditación de la constitución y representación de los mismos.
La nueva ley de Salud Pública tiene como objetivo continuar mejorando la salud de la población desde una nueva perspectiva en la que primarán las políticas de protección y promoción.
En este sentido, la salud pública adopta, con la nueva ley, una dimensión global y pasa de un posicionamiento reactivo (de respuesta a la enfermedad), a uno proactivo (de anticipación, promoción y mejora del bienestar de las personas). Además, garantiza derechos colectivos y establece obligaciones ciudadanas.
La ley andaluza, cuyo desarrollo está recogido en el Estatuto de Autonomía, destaca por su carácter vanguardista y transversal, en tanto es una normativa más programática y garantista que las existentes y pretende que cada política e iniciativa (de empleo, vivienda, deportes, innovación, educación, urbanismo*) incorpore la implicación de la salud colectiva, y beneficie a los ciudadanos e incorpore la evaluación del impacto en salud desde todos los ámbitos.
Regula los derechos y las responsabilidades de la población respecto a la salud colectiva, las garantías para su cumplimiento y los fines y principios que deben regir la nueva organización de la salud pública en el marco de la sociedad actual.
El texto establece derechos de nueva generación, sitúa a la ciudadanía como eje central de dichas actuaciones y garantiza la equidad generacional, un principio normativo por el cual cada generación tendrá la obligación de asegurar la salud colectiva y que el entorno que la posibilita se mantenga y mejore en beneficio de las futuras generaciones.
