Pide al Ejecutivo que si no piensa aplicar el copago que modifique el decreto, "se deje aconsejar y no produzca los efectos deseados"
CÓRDOBA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado este jueves al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de llevar a "la confusión" con el Real Decreto 16/2012, puesto que, a su juicio, "no tiene sentido excluir a los inmigrantes" de la atención sanitaria y "luego decir que se va a conveniar con las ONG", motivo por el que se pregunta "por qué se excluyen si posteriormente hay que pagarle a las ONG presuntamente para darle la atención".
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la titular del ramo se ha cuestionado que "si no se pretendía dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes o se pretendía dar cobertura a todo el mundo estuviera asegurado o no, ¿por qué se dice y se cambia el concepto de serán titulares del derecho a la pensión sanitaria solamente los cotizantes a la seguridad social?".
En este caso, "si uno no pretende excluir a determinados colectivos", según Montero, "es tan sencillo como no cambiar la norma actual", dado que "cuando se cambia es evidente que se tiene en mente y se prepara un terreno para que haya personas que no tengan ese derecho a la pensión recibida", que, tal y como apostilla, "en el caso de los inmigrantes quedan de forma literal excluidos del Real Decreto".
Al respecto, advierte de que el Gobierno quiere "llevar a la confusión porque sabe que es grave este tipo de actuaciones" y quiere "confundir a la ciudadanía" y, para ello, según defiende, "estamos las administraciones que tenemos una opinión clara de cuáles son los derechos", así como "las organizaciones sindicales, para desvelar cuáles son las verdaderas intenciones".
No obstante, "en caso de que el Gobierno quiera dar marcha atrás", según apunta la consejera andaluza, estarán "encantados en que se modifiquen aquellos aspectos que ponen en cuestión la salud de muchos ciudadanos". Y es que, no ve "serio" el debate con "un anuncio de un recorte de 10.000 millones y posteriormente un Real Decreto que ahora es donde dice digo, digo diego, y no nos enteramos", según lamenta Montero.
MEDIDAS JURÍDICAS
Tal y como destaca la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, la apuesta es "explicar los objetivos de las distintas administraciones", porque cree que "se está cometiendo una agresión muy importante a la democracia". Así, detalla que el gobierno andaluz "utilizará los instrumentos que están al alcance para intentar minimiza el impacto de medidas", que tacha de "injustas", y esto pasa por medidas jurídicas, que se estudian en estos momentos, pero "también aquellas que permitan que el impacto dentro de los colectivos sean el menor posible".
Asimismo, señala que en estos días que se celebran los grupos de trabajo con el Ministerio para analizar el Real Decreto, las declaraciones son "muy ambiguas", porque "el Real Decreto dice que se someterán al copago toda la dispensación que se produzca de forma ambulatoria, incluida la que se lleva a cabo por los servicios de farmacia en hospitales", y sin embargo, en las declaraciones públicas se dice que "no se piensa aplicar".
Es por ello que Montero pide al Gobierno que si no piensa aplicar el copago que "modifique el Real Decreto", pues, "parece que el Real Decreto no es lo que publicaron", y si es así recomienda al Ministerio que "se deje aconsejar, utilice la opinión de los expertos y no produzca los efectos deseados que dicen no haber querido producir".
MANIFESTACIONES SINDICALES
En relación con las manifestaciones de los sindicatos de este jueves, Montero ve "evidente" las protestas por "el malestar", que también ha expresado el ejecutivo regional, a propósito de los recortes del Gobierno en materia sanitaria, "que los ha hecho de forma precipitada, improvisada y luego se concretaron en un real decreto", que, a su juicio, "más que realizar recortes económicos, lo que ha provocado han sido ajustes ideológicos en el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)", y esto "es lo más preocupante".
Según la consejera andaluza, "pasamos de una asistencia sanitaria pública, universal y gratuita, a un sistema de aseguramiento en el que solo tendrían derechos a las pensiones sanitarias las personas aseguradas y aquellas personas objetivo de la beneficencia", lo cual "cambia radicalmente el concepto de salud".
En el futuro augura "el aseguramiento privado y por tanto desgravaciones fiscales y un deterioro de la sanidad pública, para que exista otra de calidad para aquellos que se la puedan pagar, y una de menor calidad y sin recuros para aquellos que no tengan posibilidad de sucribir seguro privado".
Este, a su entender, es el elemento "nuclear" en torno al Real Decreto, además de "los recortes que no solo se plasman en relación con la aportación del ciudadano, sino en algunas prestaciones que hasta ahora han sido gratuitas como transporte".
