MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sindicato médico Amyts ha anunciado este lunes la interposición de una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de otra ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por un "delito contra la seguridad en el trabajo contemplado en el artículo 316, o subsidiariamente en el artículo 317 del Código Penal".
En concreto, la denuncia se refiere a la falta de protección y seguridad de los facultativos sanitarios por no contar con los EPIs necesarios para evitar el contagio de Covid-19, ha constatado Amyts en un comunicado.
"La alarmante inacción y falta de previsión de las autoridades sanitarias ha sido causa de miles de contagios entre el personal sanitario, con los tristes resultados conocidos, en contraste con la actitud abnegada, y según el sentir social hasta heroica, de los profesionales de la sanidad", ha aseverado Amyts.
Los escritos se han presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según proceda, contra el ministro de Sanidad; la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación; el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias; el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM); la viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora general del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS); la directora general de Salud Pública de la CAM; la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS; y el director general del Proceso Integrado del SERMAS.
Todo ello sin perjuicio de otras posibles responsabilidades que se puedan revelar en el curso de los procedimientos penales, por considerar que "la ausencia o insuficiencia de los equipos de protección individual han puesto en grave peligro la integridad física de los sanitarios en el ejercicio de su actividad en relación con el covid-19", ha puntualizado Amyts.
En este sentido, la organización sindical considera que la actuación de los citados responsables de las administraciones públicas estatales y autonómicas de la Comunidad de Madrid "se incardina en la conducta penal por la que se denuncia, máxime cuando era notoria y previsible la magnitud del problema sanitario que se iba a producir".
