MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Actualmente hay 1.968 españoles detenidos en cárceles extranjeras, bien con sentencia firme o la espera de condena, de los que el 80 por ciento (1.572 personas) lo están por delitos relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala o por consumo, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación presentados hoy por la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, en el marco de la campaña '¿En serio, crees que acercarse a las drogas en el extranjero puede ser algo divertido?' para frenar estas cifras.
De este modo, Moya explicó que este tipo de detenciones de españoles en el extranjero sigue aumentando cada año en torno a un 10 por ciento, ya que hace un año había 1.410 presos españoles por este motivo y a fecha de 27 de marzo de 2009 la cifra había crecido en 150 detenidos más.
Los presos están distribuidos por más de 52 países, con Marruecos (230 personas), Perú (184), Brasil (126) y Argentina (112) como los que tienen mayor número de españoles detenidos por este tipo de delito. No obstante, el 25 por ciento del total están en Europa, siendo Francia (121) y Portugal (106) los países con más españoles condenados o pendientes de juicio por delitos relacionados con las drogas.
En cuanto a su procedencia, Andalucía (319), Cataluña (289), Madrid (250), Comunidad Valenciana (156), Galicia (57) y País Vasco (54) son las comunidades autónomas con mayor número de españoles detenidos en el extranjero, mientras que en 273 casos se desconoce este dato y 257 son nacidos en el extranjero.
La mayoría de los que permanecen actualmente encarcelados son hombres --1.671, frente a 297 mujeres-- y el perfil habitual suele ser el de gente joven, de entre 20 y 40 años, y "fundamentalmente tontos por pensar que no les va a pasar nada", aseguró Moya.
De este modo, "muchas personas justifican que era para consumo propio, pero la mayoría son pillados con droga para ganar algún dinero extra", advirtió la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, ya que "existe esa falsa creencia de que por ser extranjero van a ser más permisivos con uno o que no pasa nada por fumarse un porrito o por llevar un paquete extra en la maleta", añadió.
En muchos de estos casos, los detenidos se encuentran con el handicap de que "muchos países imponen penas mucho más duras que las que tiene España por el mismo delito", advirtió el subdirector general de Protección de los Españoles en el Extranjero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Javier Herrera García-Canturri, quien aseguró también que "las cárceles de España son un paraíso en comparación con las que hay en muchos países".
SALUD DETERIORADA Y SECUELAS PSICOLÓGICAS
Esto provoca que muchos de los presos sufran "situaciones realmente difíciles" que provocan el deterioro de su salud, secuelas psicológicas y muchos otros trastornos. Para evitar esto, la red de embajadas españolas cuenta con unos protocolos establecidos por los que, una vez notificada la detención, se presta asistencia consular, informan a los familiares y ponen a su servicio todas las ayudas económicas que puedan prestar.
De hecho, España invierte cada año más de un millón de euros en ayudas ordinarias para que estos presos "vivan con menos incomodidad y más dignidad su situación aunque, aseguró Herrera, este apoyo "no sirve para paliar la dureza del día a día del encarcelado, que hace que se le quiten las ganas de volver a traficar".
Además, desde España tanto los ministerios de Justicia como Asuntos Exteriores y de Cooperación tratan de agilizar las solicitudes de traslado de estos presos a España, aunque éstas no pueden presentarse mientras no exista una condena firme, que suele tardar en producirse.
El proceso de tramitación es largo y "puede durar hasta tres años", según la directora de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, Aurora Mejía, sobre todo cuando la pena impuesta es mucho mayor que en España. De hecho, de conseguirse el traslado la pena de cárcel fijada en el extranjero se mantiene y no se ajusta a la disposición española.
La campaña, por la que se fijarán carteles en aeropuertos y estaciones de trenes de toda España para frenar este tipo de prácticas, es una iniciativa de la Fundación Ramón Rubial-Españoles en el Mundo y en ella también han colaborado los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Justicia.
