Cree que el auto no respeta la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo y no tiene en cuenta su escrito defendiendo su legitimidad
MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado este miércoles que su formación va a presentar un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que inadmite su denuncia y que levanta la suspensión cautelar que había impuesto sobre el proceso de externalización sanitaria de la Comunidad de Madrid.
"Vamos a presentar un recurso de reposición ante el auto. Vamos a pedir la nulidad de ese auto porque no respeta el artículo 51.1 y 51.4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, vulnera la legalidad vigente y por no tener en cuenta ese auto el escrito que presentamos ayer argumentando y defendiendo nuestra legitimidad para defender a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha afirmado Gómez en rueda de prensa en la sede del PSM.
El socialista ha asegurado que "lo que queda pendiente es el fondo del asunto", que sigue "en los tribunales" a través de otros recursos. "Sobre el fondo del asunto no se han pronunciado los tribunales. El problema no es quien presenta el recurso sino el fondo del asunto", ha remarcado a lo largo de su intervención.
Así, ha relatado que "hace unos días, cuando se produjo la suspensión cautelar, se puso de manifiesto la existencia de irregularidades en proceso de privatización y desmantelamiento", sobre todo, por las cantidades requeridas a las empresas interesadas "concepto de avales", y ha aseverado que "hoy esas irregularidades siguen ahí".
"Son exactamente las mismas", ha destacado Gómez, quien ha insistido en que el Tribunal "no se pronuncia sobre las irregularidades", sino que "solo se intenta sacar al denunciante del proceso de denuncia de la privatización".
Asimismo, ha relatado que a las 13.00 horas de este miércoles han recibido una comunicación de la Comisión Europea en la que se les informaba de que "se han iniciado todos los trámites de examen del procedimiento" de externalización hospitalaria ante la denuncia que interpusieron el pasado 26 de junio en Bruselas.
UNA "BATALLA DURA"
"Sabíamos que es una batalla dura difícil porque estamos librando una batalla contra los poderes económicos privados, contra el negocio privado que quiere apropiarse de la sanidad pública, es una batalla larga difícil pero que vamos a ganar finalmente", ha aseverado el socialista, quien ha explicado que como sabían que iba a ser larga, además de este recurso, plantearon "toda una batería de acciones en el ámbito judicial".
Además, ha destacado que quedan causas "pendientes", como las medidas cautelares reclamadas ante el Juzgado número 28, el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) o la actuación que se lleve a cabo desde Bruselas.
Asimismo, ha apuntado que el 13 septiembre la viceconsejera de Sanidad tiene que acudir a los Tribunales por la vía penal "para dar explicaciones en la minoración" en el aval requerido, algo que él ha resumido en dar cuenta del "conchabeo entre las empresas privadas y el gobierno del PP".
PIDE QUE NO FIRMEN EN CONTRATO
"Por ello, exijo al Gobierno del PP que no firme el contrato con empresas privadas. Le exijo que no firme el contrato con empresas privadas que quieren hacerse con la sanidad pública. Si lo hacen, vamos a exigirles en todos los ámbitos que sean posibles responsabilidades políticas pero también judiciales", ha asegurado el socialista.
Y es que ha señalado que tiene la "intuición" de que Sanidad "podría intentar" firmar ese contrato "mañana" mismo.
También se ha dirigido a las posibles adjudicatarias, a las que ha dicho que lo mejor para sus intereses es que "firmen", ya que los socialistas van a conseguir que tengan que pagar el cien por cien de las garantías" y no los 23 millones de euros que ahora les exige Sanidad.
En otro orden de cosas, ha exigido que "de aquí en adelante se deje de presionar a los tribunales" y ha asegurado que tiene la "convicción de que pararan este proceso", que "no es un casus belli", sino "el casus belli"
CONTRA EL "EMPEÑO" DE LASQUETTY Y LA COMUNIDAD
Preguntado por las palabras del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que le ha reclamado que pida disculpas a los ciudadanos y a los socialistas, Gómez ha afirmado que "Lasquetty y el Gobierno del PP están empeñados en desmantelar el servicio sanitario público" y ellos, en "no dejarles" hacerlo.
"Un Gobierno lo que tiene que hacer es hacer su acción política y gestión de acuerdo a la ley y no con graves irregularidades", ha añadido a renglón seguido.
En referencia al proceso ha indicado que saben a quién se enfrentan, que no es sólo al Gobierno del PP, sino al negocio, ya que en su opinión el Gobierno popular en realidad es "el instrumento político de quien hay detrás, que es el negocio".
Sin embargo, ha dicho que a pesar de que la "batalla" sea larga, la van a librar a pesar que "esto no se va a resolver en un día, un mes y ni siquiera en seis meses".
LOS CIUDADANOS PUEDEN RECURRIR
Preguntado por si considera que no están legitimados para recurrir la externalización hospitalaria, Gómez ha explicado que el recurso lo pusieron diputados del PSOE que también son ciudadanos y pacientes de hospitales que se van a ver afectado. Por ello, se ha preguntado "quién tiene legitimidad" para recurrir, si no la tiene un paciente.
Posteriormente, el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha explicado que lo que recurren es un pliego de condiciones administrativas para la concesión de un contrato y "la jurisprudencia que hay en España" a día de hoy se refiere a contratos de limpieza, que es muy diferente a este contrato.
En aquel caso, ha explicado, la jurisprudencia dice que "solo puede estar legitimado" a recurrir "otro licitador y el problema es que "los jueces aplican la misma lógica a este contrato".
Como sabían de esta limitación han recurrido "como ciudadanos y no como partido político", de manera que han recurrido "diputados que viven y son pacientes de esto hospitales". "Si la ley que tenemos no protege a los ciudadanos honestamente hay que cambiarla", ha considerado.
En el escrito que presentaron ayer defendiendo su legitimidad a recurrir alegaron que "recurren ciudadanos como pacientes actuales y potenciales" y que estos pliegos "organizan la asistencia de manera que afecta a los ciudadanos y usuarios potenciales".
Argumentan también cómo influye que una empresa preste la atención sanitaria pública y a este respecto indican que el pliego crea "un conflicto de interés entre el empresario y los ciudadanos" de la zona. Además, destacan que "se privatiza la caja sanitaria de la población incluida en área sanitaria de hospitales".
Sin embargo, Freire denuncia que en el auto de hoy su escrito "no se ha tenido en cuenta" y se aplica la jurisprudencia actual, que dice que solo un licitador puede recurrir, pero "sin entrar en el fondo del asunto".
