Farjas dice que la suspensión del catálogo gallego ha forzado a Galicia a "dialogar con rehenes"

Actualizado 11/03/2011 15:13:49 CET

Dice que eliminar los artículos que crean el catálogo es "una contradicción"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera gallega de Sanidad, Pilar Farjas, ha señalado este viernes que la suspensión del catálogo gallego de medicamentos decidida por el Tribunal Constitucional ha puesto a su comunidad en "una situación compleja" que le obliga a "dialogar con rehenes" con el Ministerio de Sanidad para solventar la situación.

Así lo ha afirmado Farjas en el marco de la jornada organizada en Madrid por el Consejo Económico y Social de España (CES) en torno a su 'Informe sobre Cohesión y Desarrollo autonómico en el Sistema Sanitario Español', a la que han acudido también el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y los consejeros de sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, y del País Vasco, Rafael Bengoa.

Según Farjas, "lo que no se le puede pedir a Galicia es que elimine, de una ley del Parlamento gallego, los cuatro artículos que crean el catálogo" porque, a su entender, eso sería "una contradicción en sí misma".

"En el momento en el que el ministerio (de Sanidad) proponga una modificación que sea aceptable para el Parlamento de Galicia, que es el que tendrá que valorarla, Galicia podrá decidir en ese entorno", ha señalado la consejera, para quien "dialogar con rehenes, que es tener suspendido el catálogo, es una situación compleja".

Dice que los servicios jurídicos gallegos han solicitado la apertura de la Comisión Mixta con el Ministerio de Administraciones Públicas para solicitar que el Tribunal Constitucional --que no se ha pronunciado aún ni en contra ni a favor-- "acorte los plazos de valoración de la suspensión".

En este sentido, señala que el Tribunal Superior de Galicia ha valorado ya las alegaciones sobre el catálogo y señalado, según Farjas, que la suspensión de la ley "ni en el peor de los escenarios generaría perjuicio a los demandantes y sería, sin embargo, alarmante el perjuicio que su suspensión supondría para las arcas de la sanidad pública gallega".

La consejera gallega asegura que, tanto los profesionales como los ciudadanos de su comunidad, "han entendido de forma excepcional que, en este momento, hay que apostar claramente para evitar gastar donde no es necesario y seguir manteniendo las inversiones donde lo son". No obstante, ha insistido en que siguen abiertos a dialogar con Sanidad.

RESPETAR LAS COMPETENCIAS SIN REQUISITOS PREVIOS

Por su parte, Martínez Olmos ha recalcado en que "el Gobierno siempre ha manifestado su disposición al diálogo" sobre el catálogo gallego de medicamentos y que "la sigue manifestando".

"El Gobierno ha hecho una oferta para explicar cuáles son, desde su punto de vista, los cambios que se tienen que hacer en la normativa gallega para que sea acorde al marco competencial", dice Olmos.

"Si eso se hace --añade-- se puede hablar de cualquier otra cuestión pero, si esa decisión no se toma, no puede pedirse como requisito previo algo en lo que nos está dando la razón el TC, que retiremos lo que es una decisión del Gobierno que pretende preservar el derecho de los gallegos a tener el mismo derecho a un catálogo de prestaciones farmacéuticas que en el resto del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

EL CISNS FUNCIONA "ESTUPENDAMENTE"

Por otra parte, Martínez Olmos habló del informe del CES sobre el SNS, al que considera "un buen punto de partida" para empezar a trabajar, y se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de mejorar la coordinación y colaboración política entre autonomías y con Sanidad.

A su juicio, "no sería tan importante" cuantificar el déficit de la sanidad pública como averiguar si es sostenible la inversión de 1.500 euros por habitante al año que se hace por la sanidad.

Tampoco ve necesario dotar de mayor peso a las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) para mejorar la gestión del sistema de competencias transferidas, como propone el informe del CES, porque, a su juicio, el actual sistema "funciona estupendamente".

MOODY'S Y ECHAR LA CULPA A LAS COMUNIDADES

Por su parte, el consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña ha hablado sobre la decisión de Moody's de rebajar la calificación de la deuda de España, sobre todo por su endeudamiento en materia de Educación y Sanidad.

Ruiz ha asegurado que "es fácil" culpabilizar de esta situación a las autonomías, pero que ellas "han gastado lo que tenían que gastar", aunque en un contexto de crisis económica en el que las comunidades "no tienen dinero ni nadie que se lo preste".

Considera que ahora se está "pagando el coste de las no decisiones" sobre las reformas estructurales que se necesita desde los años 90 en el SNS y asegura que mantener la equidad en el sistema pasa por respetar la heterogeneidad de fórmulas de gestión que decidan aplicar las comunidades en función de sus necesidades.

EL COPAGO "NO NOS SALVA DEL INFIERNO"

En el inicio de esta jornada, el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, ha pedido reforzar el peso de las decisiones del Consejo Interterritorial del SNS y la alta inspección para acabar con el problema básico de la sanidad española desde que se transfiriera a las comunidades: la falta de coordinación y transparencia.

Ha dicho que el hecho de que el 70 por ciento de los españoles estén satisfechos con un sistema de salud es "casi un milagro", que las diferencias financieras "son grandes" y que la inexistencia, por ejemplo, de un registro nacional de profesionales sanitarios hace inviable la planificación y aumenta los desajustes.

Dice que un país "sin cultura federal" como España, donde sin embargo se actúa con 17 gobiernos autonómicos en ciertas materias, "exige un control permanente sobre estas políticas, que deben ser transparentes".

No obstante, piensa que el SNS "no va a quebrar" y que es necesario que las decisiones que se tomen se tomen con tranquilidad, a pesar de la urgencia que imprime una situación de crisis y que el copago, un tema de debate desde 1992, "no nos salva del infierno".