MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, recibirá el próximo lunes a los responsables de Comisiones Obreras y UGT de Madrid, que plantearán a la ministra los "elementos de inconstitucionalidad" que han detectado en la Ley de la Comunidad de Madrid de libre elección de médico, que incluye el establecimiento de una sola área sanitaria en toda la región y debe entrar en vigor el próximo 19 de febrero.
A la reunión asistirán los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, así como el responsable de Sanidad de UGT, Juan Luis Martín, y se abordará la supresión de las áreas sanitarias en la Comunidad de Madrid y "el deterioro progresivo de la sanidad madrileña como consecuencia del modelo de gestión que impone el Gobierno regional".
Con este encuentro, los sindicatos pretenden "restituir la seguridad jurídica y la certidumbre sobre un derecho protegido por la Constitución como es el de la salud", pues el Gobierno regional ha decidido, mediante la denominada Ley de Libertad de Elección, suprimir las once áreas sanitarias existentes en la Comunidad de Madrid y crear un área de salud única en la que se van a integrar los más de 6 millones de madrileños.
A juicio de los sindicatos, al que se suman un elevado e importante número de organizaciones científicas, profesionales, vecinales y sociales, la supresión de las áreas de salud y la creación de un área de salud única pone en riesgo la equidad en el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la promoción de la salud y al derecho a recibir las prestaciones sanitarias cuando se necesitan.
"Esta decisión puede estar igualmente vulnerando principios básicos de la organización sanitaria como la prevención o la coordinación", indican los sindicatos, que añaden que la Ley "pone en riesgo elementos fundamentales que deben garantizarse en los sistema de protección social como el sanitario, relativos a la descentralización, el acercamiento de los recursos a los ciudadanos y la participación social en la lanificación y organizaciones sanitarias, tal y como ha puesto de relevancia el Defensor del Pueblo".
Por ello, consideran que "una modificación de esta radicalidad en la organización del SERMAS va a tener importantes efectos negativos obre el sistema sanitario, la calidad, la eficacia e igualdad que permanentemente debe ofrecerse".
"La salud es un bien constitucionalmente protegido que desarrolla la Ley Orgánica 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, norma de carácter básico que no sólo persigue hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 43 y concordantes de nuestra Constitución, también pretende introducir garantías de igualdad efectiva en las prestaciones sanitarias que ahora se ponen en riesgo en la Comunidad de Madrid", plantean.
La Ley General de Sanidad de manera imperativa recoge la obligación de las comunidades autónomas de constituir en su territorio áreas de salud con sometimiento a los principios de esta ley, define el área de salud como estructura fundamental del sistema, enumera como obligadas una serie de actividades, fija los factores a tener en cuenta para delimitar las áreas de salud así como los parámetros poblacionales que deben integrarlas --entre 200.000 y 250.000 habitantes--.
POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD
Según explicó a Europa Press el responsable de Sanidad de UGT Madrid, Juan Luis Martín, las organizaciones sindicales no tienen inconveniente en abordar debates para profundizar en las libertades de las personas, como podría ser la libre elección de médico, pero el fondo de la norma podría vulnerar cuestiones contempladas en la Ley General de Sanidad.
"La Ley General de Sanidad establece las estructuras del sistema sanitario, que no pueden ser alteradas", planteó el responsable sindical, pues esta normativa especifica que cada área sanitaria debe contar con entre 200.000 y 250.000 habitantes. "Esta cifra a día de hoy no se cumple estrictamente, pero una cosa es no cumplirlo estrictamente y otra vulnerarlo radicalmente porque el nuevo área tendría 6 millones de habitantes", destacó.
En este sentido, Martín especificó que se trata de una Ley básica que desarrolla las competencias del Estado, que fija excepciones para territorios como Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, al tiempo que establece la garantía de que, dado que hay provincias que no llegan al mínimo de habitantes requeridos para establecer un área sanitaria tales como Teruel, Ávila o Zamora, en todo caso tiene que haber un área por provincia.
Martín Sierra señaló que en términos cuantitativos y cualitativos, una comunidad autónoma de 6,3 millones de habitantes no puede ser equiparado a provincias como Teruel, que tienen menos de 200.000 habitantes. "Es una manera de retorcer la Ley General de Sanidad que consideramos puede tener un elemento de inconstitucionalidad", manifestó Martín, que apuntó que se podría traducir en un recurso positivo de competencias.
Si este recurso fuera admitido por el Tribunal Constitucional podría suponer la paralización de la entrada en vigor de la ley, añadió.
El portavoz de UGT, que espera contar con la sensibilidad de Jiménez en los asuntos sociales y sanitarios, destaca además que la libertad de elección de médico no es una demanda de la población porque las previsiones de cambio de médico con las que trabaja la Comunidad no alcanzan el 5 por ciento del total y ya es una realidad en la ciudad de Madrid.
"Por lo tanto, esa libertad sólo proporciona una coartada a la Comunidad de Madrid para eludir su responsabilidad en proporcionar una sanidad equitativa y de calidad a todos los ciudadanos", sostuvo.
Por otra parte, planteó que ahora se abre un "periodo de confusión" en los centros de salud pues la aplicación práctica de la eliminación de las áreas requiere de una aplicación informática para que la historia clínica se movilice con la misma agilidad que los pacientes, sistema que a día de hoy sólo está en prueba en una decena de centros.
Por su parte, la secretaria de Política Social de CC.OO., Ana González, indicó a Europa Press que se trata de una iniciativa más dentro de la campaña que están llevando junto a UGT en contra de la implantación del Área Única de Salud, y explicó que CC.OO. no se opone a la libre elección de médico, pero consideró que "no se justifica una organización sanitaria de estas características".
González afirmó que quieren trasladar a Jiménez la "grave situación de la situación de la sanidad pública madrileña" y la "ocurrencia" de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de implantar el área única de salud.
En su opinión, la ley va contra "los principios de organización como la planificación, prevención y coordinación", y "vulnera elementos esenciales del sistema de protección social" como la descentralización que busca acercar los recursos a los ciudadanos.
Asimismo, defendió la posible intervención de la ministra en el aspecto jurídico, ya que se puede estar vulnerando la Ley General de Sanidad, que establece que debe haber entre 200.000 y 250.000 pacientes por área sanitaria.
Por último, consideró que como máximo responsable de la Sanidad, Jiménez puede establecer mecanismos para velar por que el sistema sanitario no se rompa y no haya peligro de descohesión.
