SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Cántabro de Salud (SCS) procedió el jueves a dar de baja la tarjeta sanitaria a 4.810 inmigrantes en situación irregular en la comunidad autónoma, 113 menos de los inicialmente identificados.
Así lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, quien, a preguntas de los periodistas, ha explicado que la baja se produjo en "la tarde-noche" del jueves.
Sin embargo, y a pesar de que a partir de ahora serán considerados como "no asegurados", la consejera ha insistido en que la atención sanitaria a estas personas está "garantizada", si bien será facturada, salvo las excepciones establecidas.
En este sentido, ha recordado que el SCS seguirá atendiendo como hasta ahora y corriendo con los gastos de la asistencia a los menores de 18 años, a las mujeres embarazadas y aquellos atendidos en urgencias, además de aquellos que estén recibiendo tratamiento por enfermedades crónicas.
Además, ha añadido que tampoco quedarán fuera de los programas de salud pública que se lleven a cabo contra las enfermedades infecciosas y transmisibles.
Así, la titular de Sanidad ha pedido a los inmigrantes irregulares que, cuando necesiten asistencia sanitaria, acudan "con las misma tranquilidad" y "confianza" que ahora al SCS porque "no van a quedar desatendidos".
Además, ha pedido a la ciudadanía en general que "no se deje llevar" por posibles "manipulaciones" contra esta medida, llevada a cabo en cumplimiento de la reforma sanitaria del Gobierno de España, al presentar a todos los inmigrantes ilegales como personas sin recursos llegadas en patera porque --ha asegurado-- "no es así".
Tras defender que se trata de una "imagen distorsionada" y un "cliché", Sáenz de Buruaga ha detallado que un 30 por ciento de los extranjeros identificados como irregulares en Cantabria son comunitarios y tienen un sistema sanitario que puede hacerse cargo de los costes de su asistencia.
FACTURACIÓN
Para aquellos casos no incluidos en las excepciones presentadas, la consejera ha señalado que el SCS facturará el coste de la atención sanitaria a un tercero: bien al país de origen del no asegurado asistido; a su mutua, si la posee, o directamente al particular atendido.
Si finalmente es la persona atendida la que tiene que pagar la factura se comprobará si tiene recursos suficientes para hacerse cargo de la misma y, en caso de que no los posea, será el SCS el que correrá con los gastos.
En ese caso, la factura será "informativa" y se archivará a la espera de un posible convenio posterior con el país de origen del atendido que permita cobrarla.
UNA "ANOMALÍA" RESUELTA
A su juicio, lo que "no es normal" es que los cántabros tengan que costear con sus impuestos la atención sanitaria a estas personas.
"Esa es la anomalía que se ha resuelto", ha afirmado la consejera, quien ha asegurado que no se trata de excluir a los irregulares, sino de "blindar" el Sistema Nacional de Salud (SNS) de los "abusos" que, según han dicho, cuestan al Estado 1.000 millones de euros al año.
Ha insistido en que, además de "cooperar a la sostenibilidad del sistema sanitario", con esta medida "se converge con Europa" pues --ha dicho-- "lo lógico" y "justo" es prestar a estos inmigrantes irregulares el "mismo tratamiento" que se da a los españoles en sus países de origen.
En este sentido, Sáenz de Buruaga ha explicado que se está dando instrucciones a los gerentes y personal de mostrador de los centros sanitarios sobre el procedimiento de actuación a partir de ahora.
En relación a los médicos, la consejera ha explicado que "nada ha cambiado" para ellos en cuanto a la atención que deben de prestar ya que "no les corresponde" a éstos verificar si a la persona que atienden está asegurada o no ni tampoco facturarle el servicio.
Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, Sáenz de Buruaga ha señalado que el SCS no notificará a los inmigrantes irregulares la baja de su tarjeta sanitaria, si bien ha opinado que la información sobre este asunto ha sido "suficientemente difundida" y, si no, la conocerán cuando demanden la asistencia.
CARTERA DE SERVICIOS
Además, en la rueda de prensa, Sáenz de Buruaga ha sido cuestionada por su postura acerca de la revisión que plantea el Gobierno de España de la cartera de servicios sanitarios y ha aclarado que "no cree que nadie hable de reducirla".
La consejera ha precisado que se trata de una "revisión" o "actualización" de la misma y ha señalado que "no supone una novedad" pues ya se había fijado como una "cuestión nuclear" de la reforma sanitaria.
Ha señalado que "no se trata" de realizar recortar las prestaciones, sino de establecer "criterios de equidad", "igualdad", "calidad" y "eficiencia" en la cartera de servicios comunes para toda España.
Dentro de esta cartera, la consejera ha señalado que seguirán estando aspectos como la prevención y el diagnóstico --dentro del cual figuran las mamografías--; la rehabilitación o el transporte sanitario urgente.
En cuanto a las mamografías, Sáenz de Buruaga ha querido "disipar cualquier duda" sobre el mantenimiento del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, puesto en marcha, según ha recordado, por el PP.
La consejera ha apelado así a la "tranquilidad" de las usuarias del Programa y, en general de los cántabros, al señalar que, en lo que a ella depende, se va a mostrar en contra de una reducción de la cartera de servicios y de la exclusión de ella de los planes de detección de del cáncer de mama.
