Son aquellas que no pueden acogerse a los supuestos de financiación que contempla la Administración, pero que padecen, dicen, "una afectación psicológica importante"
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos de España insta al Gobierno a sufragar los gastos de explantación e implantación de nuevas prótesis mamarias a las 30.000 mujeres afectadas en estos momentos por las prótesis PIP en España, pero que no pueden acogerse a los supuestos de financiación que contempla la Administración. Aunque sus prótesis no se hayan roto, consideran necesario explantarlas por la inquietud psicológica que estarían padeciendo las pacientes.
Así lo ha anunciado este jueves el presidente de esta asociación, Jesús Moreno, asegurando que "la crisis estética" generada por las prótesis PIP supone una "estafa" en la que han salido perjudicados tanto médicos como pacientes y de la que el Gobierno y la UE "son responsables", pues son sus controles los que permitieron que estas prótesis defectuosas llegaran a los quirófanos.
Dice que las PIP "no eran más baratas" que el resto de prótesis, por lo que los médicos no buscaban beneficiarse con su utilización, ellos son también víctimas.
Según Moreno, en la actualidad, y antes de que las administraciones tomaran cartas en el asunto, los cirujanos de su asociación han trabajado gratuitamente para operar a estas mujeres, cuya salud no corre un gran riesgo --ya que, según explican, la rotura de las PIP solo podría llegar a ocasionar inflamación e irritaciones, nunca cáncer--, pero que no están tranquilas llevando las PIP.
"Si no hay rotura, la administración española aconseja realizar revisiones por unos periodos estimados en seis meses. Nuestra opinión varía, porque cualquier mujer, implantada con estas prótesis, aunque tenga integración de las mismas demostradas por estudios radiológicos, tiene una afectación psicológica importante (...) porque lleva un producto poco seguro, con más riesgo de rotura", añadió.
CIRUJANOS VOLUNTARIOS QUE OPERAN POR 1.800 EUROS
Estas operaciones que realizan voluntariamente los profesionales de esta asociación solo están teniendo un coste mínimo para las pacientes de 1.800 euros, una tercera parte de lo que costaría una operación de estas características. En esta cantidad se incluyen los gastos de alquiler de quirófano, anestesia y de las nuevas prótesis, pero no los honorarios del cirujano.
Sólo en la Comunidad Valenciana, donde se vendieron el 40 por ciento de las PIP --convirtiéndose en la autonomía donde habría más afectadas, seguida de Cataluña y Madrid-- estos cirujanos voluntarios habrían realizado unas 180 operaciones, en las que se habrían detectado cuatro pacientes con roturas en sus prótesis.
Para esta asociación, ésta es una situación injusta, pues tanto el Gobierno como las administraciones autonómicas están "tratando de escurrir el bulto", según afirma el abogado de la asociación, Jesús García, quien advierte de que, si las administraciones no se hacen cargo de al menos estos gastos, podrían acudir a la vía judicial.
"Bajo nuestro punto de vista es una estafa, que nuestros pacientes y nuestros médicos han sido estafados y esto hay que arreglarlo. Por eso la Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos tiene un departamento jurídico que ya está trabajando en esta linea, en arreglar este tipo de situación lamentable", asevera.
A su juicio, el protocolo de Sanidad sobre las prótesis PIP --que no establece retirarlas en todos los casos-- ha generado "diferencias entre pacientes de primera y segunda clase", es decir, entre las mujeres operadas en la sanidad pública o en países como Francia o Alemania y el resto.
