MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) presentará "en breve" un recurso contenciosos administrativo contra el proceso de externalización de seis hospitales de la región, medida que se ha acordado en una asamblea extraordinaria del colectivo.
Aparte, interpondrá de forma inmediata una reclamación para que el Gobierno central recurra la medida alegando conflicto de competencias y otra a la Defensora del Pueblo para que actúe en el mismo sentido y recurra el proceso. Otra medida legal que planean es presentar una denuncia por prácticas anticompetitivas a la Comisión Nacional de la Competencia.
Así lo ha indicado a Europa Press la portavoz de Afem, Fátima Brañas, para remarcar que en dicha asamblea se ha explicado a los facultativos las claves del informe jurídico elaborado contra el proceso de externalización.
Ese informe, el segundo que elaboran para sostener que la medida es ilegal, se dirige a dar respuesta a las "dudas y miedos" que expresó en su momento la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, cuando Afem presentó su primer informe y pese a que declinó interponer entonces un recurso de inconstitucionalidad contra el proceso que impulsa la Comunidad de Madrid.
En la asamblea, según Brañas, también se ha reiterado la posibilidad de desconvocar la última jornada de huelga sanitaria si el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, accede a mantener un debate público sobre la externalización. Al respecto, la portavoz de Afem ha señalado que aún no han tenido respuesta a ese ofrecimiento.
CONTENIDO DEL INFORME
Afem sostiene, en su último informe elaborado por López Rodó & Cruz Ferrer, que la licitación del contrato para aplicar la gestión indirecta de seis hospitales es "ilegal", pues no constituye una concesión de servicio público sino un contrato de seguro de salud sobre la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, lo que supone invadir una competencia que la Constitución asigna al Estado.
En este sentido, remarca que la Comunidad crearía con este proceso una especie de "régimen especial parecido al de las mutualidades de los empleados públicos", "privatizando con ello, no la sanidad, sino la Seguridad Social" e invadiendo, por tanto, la parcela de gestión estatal.
También cree que el proceso de externalización "no sólo vulnera la regulación básica de la Seguridad Social (el aseguramiento universal y público por parte del Estado) sino también las bases del diseño del Sistema Nacional de Salud, en cuanto red integrada de servicios a los que los usuarios pueden acceder en condiciones de igualdad efectiva y calidad.
Aparte, la licitación del contrato licitado ya por la Consejería de Sanidad supone, a su juicio, que la Comunidad de Madrid adelantará anualmente un total de 280 euros a las concesionarias por unos servicios que seguirán prestando los hospitales de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
CONTRA EL MODELO DE PAGO
Dicho estudio asevera que el objetivo principal del contrato licitado por el Gobierno regional "no es la concesión de los servicios", sino que las empresas concesionarias aseguren que el coste de la asistencia sanitaria a la población "protegida" por cada hospital "no supere las primas por cápita que les pagará cada mes".
"Estamos hablando de 1.150.000 personas. El objetivo es el coste no la prestación del servicio sanitario. De hecho, gran parte de la asistencia sanitaria se seguirá prestando por los grandes hospitales públicos de Madrid", detalla el documento.
La distinción entre el aseguramiento del coste y la prestación efectiva del servicio que sostienen los servicios jurídicos de Afem "tendrá un efecto sorprendente" pues la Comunidad "adelantará mensualmente a las concesionarias el pago de las primas por el coste total del servicio, incluidos unos 280 millones de euros anuales por los servicios que seguirán prestando los hospitales" de gestión directa del SERMAS.
Aparte, el informe jurídico indica que las concesionarias deberán abonar por anualidades vencidas los servicios que otros hospitales prestan a su población de referencia (lo que se conoce como facturación intercentros).
En este aspecto, el estudio indica que "la clave" es que los grandes hospitales públicos de la región "no disponen de unos servicios informáticos que les permitan identificar a cada paciente que ingresa procedente de un hospital de gestión privada y por tanto facturarles todos y cada uno de los servicios que le presten".
"La Comunidad va a pagar a las empresas de gestión privada por unos servicios que no prestan porque se prestan en los hospitales públicos. Éstos, al no poder acreditar cada servicio mediante las correspondientes facturas intercentros no lo cobrarán y el dinero se lo quedarán las empresas", aseveran desde Afem.
NORMATIVA QUE SE INFRINGE, SEGÚN AFEM
El informe de los servicios jurídicos de Afem estipula que la licitación para la gestión externalizada de estos hospitales infringe la Ley de Madrid 8/2012, que habilita al SERMAS para licitar la concesión del servicio en los hospitales, así como la exigencia de la Ley 15/1997 de que se establezca el régimen jurídico de las nuevas formas de gestión de los servicios sanitarios.
Dicho estudio sostiene que el contenido del contrato licitado "supera ampliamente el ámbito de la habilitación que la Ley 8/2012 otorga al SERMAS para licitar las concesiones al crear, a su juicio, un nuevo sistema de aseguramiento de la asistencia sanitaria y establece un nuevo régimen económico para la misma (contractual y presupuestario), un aspecto que es incompatible con diversas disposiciones del artículo 149 de la Carta Magna.
