MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para pedirles que no convaliden el Real Decreto Ley 16/2012 de reformas en materia de sanidad aprobado por el Gobierno hasta que no evalúe los efectos que pueden tener las medidas en colectivos vulnerables.
Esta entidad ha apuntado que entre sus obligaciones internacionales adquiridas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, está el respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación.
Además, han mostrado su preocupación por algunos de los discursos utilizados por algunos miembros del Gobierno y del Partido Popular, donde se acusa a las personas inmigrantes de una utilización indebida de los servicios de salud.
"Estos discursos, además de contradecir diversos informes técnicos que aseguran todo lo contrario, contribuyen a construir prejuicios sobre este colectivo, estigmatizan al mismo y pueden alimentar comportamientos discriminatorios y xenófobos", ha asegurado.
Según ha recordado el director de esta entidad en España, Esteban Beltrán, limitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto, supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, "incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida", ha señalado.
Por ello, ha insistido en que esta reforma puede tener un "grave impacto en miles de personas" que sufran enfermedades crónicas, endémicas, brotes epidemiológicos, enfermedades mentales o tratamientos de dolor.
"Negar un tratamiento contra el dolor a una persona, puede suponer un trato cruel, inhumano y degradante para la persona, y violar normas internacionales de derechos humanos", ha aseverado Beltrán.
Asimismo, también ha mostrado su preocupación también por la situación en la que se pueden ver las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género en situación irregular, que aunque sí podrán acceder a urgencias, se les limitará su acceso a una atención sanitaria, siendo ésta la principal vía de detección temprana de la violencia y de la identificación de víctimas.
Amnistía Internacional también ha puesto en marcha una ciberacción en la que la ciudadanía se puede dirigir a los grupos parlamentarios, a través de la página web 'www.actuaconamnistia.org', para que paralicen dicha norma.
