MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un informe de Amnistía Internacional advierte que aún persisten barreras visibles e invisibles, de carácter administrativo, social y práctico, que impiden el acceso universal al aborto en Europa, a pesar de que se han producido reformas legislativas en muchos países que han facilitado esta práctica para muchas mujeres que la demandan.
"La cruda realidad es que, a pesar de los importantes avances logrados en toda Europa, el acceso al aborto sigue estando restringido por una inquietante serie de barreras visibles e invisibles", ha afirmado la encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional en materia de derechos de las mujeres, Mónica Costa Riba.
El informe 'Cuando los derechos no se respetan por igual para todas las personas: La lucha por acceder al aborto en Europa' evalúa la situación en 40 países y se basa en la investigación realizada por Amnistía Internacional a lo largo de los últimos 10 años, así como en datos recopilados por otras organizaciones y opiniones de 11 activistas.
Según muestra, distintos países europeos aún imponen requisitos sin justificación médica que retrasan el acceso al aborto, una barrera a la que se suman otras como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios para prestar la asistencia, la escasez de profesionales cualificados, los límites gestacionales y el coste elevado de la prestación.
Estos obstáculos afectan de manera desproporcionada a las comunidades marginadas, incluidas las personas con ingresos bajos, adolescentes, con discapacidad, LGBTIQ+, que ejercen el trabajo sexual, solicitantes de asilo o con una condición migratoria precaria.
El documento alerta de que esta situación se está produciendo en un contexto en el que una serie de grupos antiderechos cada vez mejor dotados de recursos están intensificando sus esfuerzos para influir negativamente en las políticas y las leyes, a menudo haciendo cundir el miedo y la desinformación, con el objetivo de restringir aún más el acceso al aborto.
20 PAÍSES IMPONEN SANCIONES PENALES
Amnistía Internacional asevera que al menos 20 países de la región imponen sanciones penales a las personas embarazadas que abortan fuera del ámbito de la ley y, cada año, miles de personas embarazadas se ven obligadas a viajar al extranjero para buscar la atención médica que necesitan debido a las dificultades que enfrentan para acceder a servicios de aborto en sus países.
En cuanto a las barreras mencionadas previamente, detalla que el costo del acceso al aborto puede ser prohibitivo en países como Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Kosovo, Letonia, Macedonia del Norte, Montenegro, República Checa, Rumanía y Serbia, en los que ni el seguro médico ni el sistema nacional de salud cubre los servicios de aborto cuando se trata de una decisión de la propia persona embarazada.
Asimismo, recoge que varios Estados están incumpliendo su deber de garantizar el acceso a los servicios de aborto en contextos en los que se produce un gran número de denegación del servicio por motivos de conciencia, lo que provoca retrasos o la denegación del acceso. Esto sucede con frecuencia en Italia y Croacia, mientras que en Rumanía se está viendo incrementado.
Al menos 12 países europeos siguen imponiendo plazos de espera obligatoria sin justificación médica antes de poder acceder a un aborto legal, y 13 países imponen el asesoramiento obligatorio. Albania, Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal obligan a cumplir ambos requisitos. En Hungría, las mujeres que desean abortar están obligadas a escuchar los latidos del corazón del feto. En Turquía, las mujeres casadas mayores de 18 años están obligadas por ley a obtener el consentimiento de su cónyuge para interrumpir un embarazo dentro del plazo de 10 semanas.
GRAVE RIESGO DE REVERTIR AVANCES
"Las victorias conseguidas con gran esfuerzo en materia de derechos reproductivos corren un grave riesgo de ser revertidas por una oleada de políticas regresivas promovidas por el movimiento antigénero y defendidas por actores políticos populistas que aplican prácticas autoritarias", ha aseverado Mónica Costa.
A este respecto, el informe documenta los intentos de restringir el acceso al aborto en toda Europa por parte de un "movimiento transnacional antigénero bien financiado" e integrado por diferentes "instituciones y grupos conservadores y religiosos".
Así, ejemplifica con los casos de Croacia, Eslovaquia, Hungría e Italia, donde se han introducido, o se han intentado introducir, cambios legislativos y barreras para restringir o prohibir el acceso al aborto. En Hungría e Italia estas medidas se han justificado con argumentos que incluyen las bajas tasas de natalidad y una retórica "falsa y racista" sobre el "reemplazo" de la población "nativa" blanca por población migrante.
En este punto, apunta a las protestas y piquetes agresivos y, en ocasiones, violentos que se organizan en algunas clínicas de salud sexual y reproductiva en contra del aborto, así como a casos de intimidación de los que son objeto los proveedores de servicios de salud relacionados con el aborto. Para ejemplificar, refiere los casos que han sufrido centros de planificación familiar en Francia y los que ofrecen asesoramiento obligatorio en Alemania.
ESPAÑA: AÚN HAY PASOS QUE DAR
El informe aborda la situación en España y destaca que, junto a Dinamarca, Finlandia y Noruega, es de los países que ha avanzado en la adopción de reformas para mejorar el acceso al aborto en los últimos años. En este sentido, apunta a la implementación de zonas de seguridad para prevenir acoso o intimidación en los centros donde se presta este servicio, o la eliminación de los períodos de reflexión obligatorios y de la obligación de proporcionar información sobre el apoyo a la maternidad.
Sin embargo, advierte que aún hay pasos que dar a nivel nacional. Entre ellos, critica que la falta de un registro de objetores de conciencia en algunas comunidades autónomas, como sucede en Madrid, Baleares, Aragón y Asturias, impide planificar los recursos para garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en la sanidad pública. Sobre la objeción de conciencia, asevera que esta puede limitar el acceso en ciertas áreas, obligando a desplazamientos para recibir atención o a recurrir a la sanidad privada.
Por otro lado, y aunque la ley garantiza cobertura universal del aborto, las restricciones prácticas en el acceso a la sanidad pública pueden afectar a algunas personas como las inmigrantes en situación administrativa irregular o personas reagrupadas legalmente. Además, lamenta que fuera de los supuestos legales establecidos, el aborto sigue estando penalizado.
