Se habilitarán fórmulas transitorias para que los actuales estudiantes "no se vean perjudicados y puedan acabar la formación"
VALENCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat Valenciana ha iniciado el proceso para adaptar las prácticas universitarias de titulaciones de Ciencias de la Salud
--entre ellas Medicina-- al nuevo marco legal, lo que implicará, entre otras medidas, que los alumnos de estos títulos en universidades privadas que inicien sus estudios a partir del curso 2016-2017 no podrán hacer las prácticas en hospitales de la red pública.
No obstante, para que "ningún alumno con estudios ya iniciados se vea perjudicado" se habilitarán fórmulas transitorias de colaboración para que pueda completar la formación en hospitales públicos mediante acuerdos que se firmarán entre las instituciones de educación superior públicas privadas. "Ningún estudiante se quedará sin poder acabar su carrera".
Así lo han aseverado los consellers de Sanidad Universal y Educación, Carmen Montón y Vicent Marzà, respectivamente, que han dado a conocer la medida en una rueda de prensa conjunta en la que también han participado el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, en representación de la Conferencia de rectores de las universidades públicas valencianas, y la vicepresidenta de la organización territorial del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Andrea García.
Los consellers ha defendido que, de esta forma, el Gobierno valenciano "cumple la legalidad" y "pone orden en el caos administrativo heredado de la anterior administración" del PP, en la que se estaba produciendo una situación "irregular" con "convenios caducados" con centros privados y funcionarios públicos que no estaban cumpliendo la Ley de incompatibilidades al utilizar horas de su trabajo en el sistema de salud público para tutorizar a alumnos de una universidad privada.
Además, han detallado que esta nueva ordenación de las prácticas --que afecta a Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología Clínica, Biotecnología y Farmacia-- emana del Real Decreto 420/2015 de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, que modifica el marco legal en la regulación de esta actividad formativa.
Así, establece, entre otros aspectos, que un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto con una única universidad para impartir formación en una misma titulación. Eso ha propiciado que la Generalitat haya comunicado la denuncia de todos los convenios vigentes entre la administración y las universidades para elaborar unos nuevos acuerdos.
El resultado será que el alumnado de la pública hará prácticas en centros públicos --la adscripción se decidirá teniendo en cuenta factores como la distribución territorial-- mientras que, en el caso de la privada --alguna de las titulaciones se imparten en la Cardenal Herrera CEU, la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Europea--, la ley "no permite" que sus alumnos reciban prácticas en centros públicos supervisados por profesionales sanitarios de la Conselleria de Sanidad por lo que las universidades de esa titularidad deberán llegar a acuerdos con los hospitales privados o con concesión de gestión privada que estén acreditados para docencia universitaria.
"GRAVES IRREGULARIDADES"
En este punto, Carmen Montón ha precisado que los convenios con las universidades públicas "sí cumplían la legalidad", por lo que solo se tratará de adaptarlos a la nueva legislación, pero en el caso de las universidades privadas "se han observado graves irregularidades" y falta de "fundamentación legal" al no constar la participación de la Conselleria de Educación, la competente --que además no dispone de un registro de alumnado de las universidades privadas en los centros públicos-- o "invadir competencias estatales".
"La legislación es muy clara. La figura de tutor de prácticas está muy delimitada y solo tiene cabida entre entidades públicas. Por tanto, a pesar de que esta irregularidad se ha venido permitiendo de forma reiterada con sorprendente normalidad, es manifiestamente anómalo que una universidad privada contrate a un profesional sanitario para impartir docencia a sus alumnos durante su horario de trabajo y en un centro público. No se ajusta a la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas", ha afirmado Montón.
Por su parte, el conseller Vicent Marzà, que ha anunciado la constitución de una Comisión Mixta para llevar a cabo la reorganización, ha recalcado que la consecuencia de este proceso es que, a partir del próximo curso, la oferta de plazas de las universidades tendrá que ser "coherente" con su capacidad para realizar las prácticas. El titular de Educación ha agregado que de este modo "se garantiza la calidad de las prácticas, la buena atención y el derecho a la intimidad del paciente y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios".
MARZÀ, "MUY TRANQUILO" PORQUE "SE CUMPLE LA LEY"
A Marzà se le ha preguntado por si teme que esta nueva medida intensifique las críticas de algunos sectores de la enseñanza privada concertada a su gestión. Al respecto, el conseller ha asegurado estar "muy tranquilo" porque "estamos cumpliendo la ley".
"Cumplir la ley es una cuestión que se le supone a cualquier gobernante y en este caso más; nosotros no estamos mirando en función de si hay elecciones o no, eso lo hace otra gente e, incluso, les ayudan a convocar manifestaciones personas que ya sabemos qué declaraciones han hecho últimamente diciéndonos cosas muy gordas", ha apostillado.
El rector Esteban Morcillo ha afirmado que "el Sistema Universitario Público Valenciano dará respuesta al reto actual desde la colaboración entre administraciones y la cooperación entre las universidades públicas y privadas" y ha hecho notar que las prácticas de Ciencias de la Salud no son como las de laboratorio.
Finalmente, Andrea García ha valorado que se realice la adscripción de una única universidad a un hospital universitario para la impartición de una misma titulación y ha abogado por un "sistema educativo público, de calidad y gratuito, así como un sistema sanitario público, universal, solidario, equitativo, eficiente y de calidad". También ha subrayado la importancia de racionalizar la oferta frente a la aparición "indiscriminada" de facultades que provocan un "superávit de médicos".
