MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este miércoles y en el que se reúne el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, con los consejeros sanitarios de las comunidades autónomas, no va a tratar la atención sanitaria a personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España.
La retirada de este derecho, y de la tarjeta sanitaria, se contempló en el Real Decreto 16/2012, aprobado con la exministra de Sanidad, Ana Mato, en el cual se establecía que las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias.
Una medida que ha sido duramente criticada por diferentes sectores sociales quienes han advertido en numerosas ocasiones de que se ha "roto" la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). De hecho, además de partidos políticos, sociedades médicas, sindicatos y organizaciones científicas, diferentes organismos europeos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado a España derogarla porque "discrimina" a estas personas.
Las peticiones fueron respondidas el pasado mes de abril por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró que el Ejecutivo va a establecer una norma "igual" en toda España para que los inmigrantes en situación irregular puedan ser atendidos en los servicios de Atención Primaria.
Posteriormente, en una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio, el ministro de Sanidad anunció que estaba "muy avanzado" el acuerdo con las comunidades autónomas para la atención a personas inmigrantes en situación irregular en España en las consultas del médico de familia.
Además, hace unos meses, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, explicó que recibirán un documento --no una tarjeta sanitaria-- que sólo les dará derecho a ser atendidos en la comunidad que se lo tramite y tendrá validez por un año, aunque será renovable.
No obstante, fuentes del departamento que dirige Alonso reconocieron recientemente a Europa Press que el orden del día del CISNS no iba a contemplar esta medida debido a que los acuerdos con las comunidades autónomas no estaban finalizados, y señalaron la posibilidad de que se trate en el próximo consejo de septiembre.
En las últimas semanas Cantabria, la Comunidad Valenciana y Baleares han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Estas regiones se suman así a otras que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o comunidades como País Vasco y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.
ONG Y SOCIEDADES MÉDICAS ACUDIRÁN AL MINISTERIO ESTE MIÉRCOLES
Por otra parte, y aunque no se vaya a debatir en el CISNS, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Odusalud y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) han anunciado de que van a acudir este miércoles a las puertas del Ministerio para pedir al ministro y a los consejeros que devuelvan la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
Allí, tienen la intención de entregarles a los responsables políticos un botiquín con un listado de recomendaciones internacionales como, por ejemplo, la del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas o la del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica.
Asimismo, la secretaria de Sanidad del PSOE, María José Sánchez Rubio, anunció la semana pasada, tras la reunión del Consejo Federal de Sanidad, que los consejeros socialistas volverán a solicitar al ministro la derogación del real decreto al creer que ha convertido al SNS es un "sistema de aseguramiento".
"Para los socialistas urge la recuperación inmediata de la cobertura pública, universal y gratuita del derecho a la atención sanitaria y la protección de la salud. Estamos en contra de cualquier tipo de recorte de derechos y disminución en la calidad de los servicios y las prestaciones y sobre todo en contra de la ruptura de la universalidad del sistema", recalcó la dirigente socialista.
