PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La Alianza General de Pacientes (AGP) ha asegurado que los pacientes navarros con artroris están teniendo dificultades para acceder a sus tratamientos con condroitín sulfato y/o glucosamina.
Según ha señalado AGP en un comunicado, a finales del pasado año el Servicio Navarro de Salud informó a los facultativos de Atención Primaria del cierre automático de las prescripciones de SYSADOA (condroitín sulfato y/o glucosamina) activas en el programa de prescripción electrónica LAMIA.
Esta decisión, adoptada en el contexto de la Comisión Técnica para el Uso Racional de los Medicamentos, "obligaba a que los tratamientos de los pacientes con artrosis con condroitín sulfato y/o glucosamina se revisaran cada tres meses, en vez de una vez al año como sucede con la mayoría de los tratamientos de los pacientes crónicos". "Una situación que, no se comunicó a los pacientes, que se encontraron con sus prescripciones cerradas cuando acudían a las farmacias", ha señalado AGP.
Esta Alianza ha añadido que, a petición de la Liga Reumatológica Española (LIRE) y la Asociación Española contra la Osteoporosis (AECOS), el Comisionado para la Equidad de la Alianza General de Pacientes (AGP) emitió una Nota de Inequidad sanitaria sobre el tratamiento de la artrosis y posicionamiento de estos fármacos en Navarra en la que se ponía de manifiesto que "las últimas evidencias científicas sitúan a condroitín sulfato como una alternativa de primera línea en pacientes en los que los analgésicos y los AINE han perdido o ya no tienen efectividad".
En la misma, instaba al Servicio Navarro de Salud a "reevaluar la eficacia de este tratamiento y modificar el sistema de prescripción establecido".
"Se remitió una revisión sistemática de la Cochrane reciente que sitúa a estos tratamientos como eficaces y seguros, con menos efectos secundarios que los tratamientos convencionales con AINES", ha explicado el profesor Ángel Gil, comisionado para la equidad de la AGP, al tiempo que ha incidido en que "no tiene sentido que en una comunidad se dé un tratamiento como primera línea y en otra no esté o se establezcan mecanismos que supongan una restricción clara en la práctica clínica".
Asimismo, y tras una reunión entre la Oficina del Comisionado para la equidad y el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Ángel Gil remitió una carta al departamento en la que se solicitaba "una aclaración por escrito de la situación descrita".
Desde el departamento de Salud del Gobierno de Navarra se ha remitido una respuesta a dicha misiva que aclara que el cierre automático de las prescripciones implica que los tratamientos dejarán de estar activos para su dispensación hasta que el médico los valide y apunta a que esta medida se establece también para otros fármacos cuando existen motivos de seguridad/eficacia, según ha añadido AGP.
Por otro lado, ante la petición del comisionado de que se actualice de la Ficha de Evaluación Terapéutica de Condroitín sulfato / Glucosamina (Droglican) en artrosis el departamento de Salud navarro señala que se valorará "la nueva documentación con el objeto de informar a los nuevos profesionales sanitarios, si fuera necesario".
En tal caso, en la respuesta también se aclara que esta medida no supone un problema de equidad, puesto que no existe ningún impedimento para que el paciente acceda a la medicación si su médico lo considera necesario.
Desde LIRE, su presidente, Benito Martos, ha afirmado que el sistema establecido en Navarra "perjudica a los pacientes" y desde la organización se considera que "el objetivo de esta medida es limitar estos medicamentos". "Pretendemos que el acceso sea equitativo para todos los pacientes y que si son fármacos aprobados por la agencia española y respaldados por numerosa evidencia científica, no se limiten", ha puntualizado. De este modo, "al no ser informados los pacientes, la medida puede generar confusión y hacer que no reciban el tratamiento más adecuado".
Mientras, desde el punto de vista de la práctica clínica, el doctor Luis Mendo, presidente de Semergen Navarra, ha señalado que cancelar la receta automática de este fármaco supone una "inequidad sanitaria para los pacientes navarros, que se han encontrado en una situación de incertidumbre respecto a sus tratamientos".
"Esta medida establece límites a la prescripción, si bien no sabemos aún cómo va a desarrollarse porque acaba de implantarse", ha aclarado, subrayando que como sociedad científica no están de acuerdo "ni con el fondo ni con las formas de esta decisión de la consejería". Además, ha agregado que "supone una carga de trabajo añadida en Atención Primaria que puede generar conflictos con la Atención Especializada".
Por este motivo, el Comisionado para la Equidad de la AGP ha solicitado al departamento de Salud del Gobierno de Navarra que "se proceda a la revisión de la evidencia científica reciente que respalda dichos fármacos para así tratar de corregir esta falta de equidad".
