MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) ha anunciado que va a demandar al Estado español tras la reunión mantenida este miércoles con representantes del Ministerio de Hacienda, en la que no llegaron a un acuerdo para fijar la naturaleza de las ayudas que deben recibir los afectados que están contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018.
En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea, ha justificado esta decisión porque el diálogo político abierto con los ministerios de Hacienda y Sanidad se ha convertido en "un proceso macabro lleno de personas sin sentimientos".
"Nos hemos cansado de que se rían de nosotros. El proceso judicial es el único que, aunque lento, tiene final. No merece la pena continuar con este tipo de personajes. Lamentamos que tenga que ser así, pero es la única forma", critica el dirigente.
Según han calculado preliminarmente desde AVITE, las indemnizaciones que van a reclamar ascienden hasta los 200 millones de euros en total, teniendo en cuenta el grado de discapacidad y otros factores de los 276 socios de la asociación que han solicitado ser reconocidos e indemnizados por los efectos de la talidomida.
Al ser una demanda al Estado, el representante de AVITE detalla que primero tendrán que realizar una solicitud por vía administrativa. Si no reciben respuesta de la Administración, la demanda contenciosa-administrativa no se podría realizar hasta dentro de seis meses.
Basterrechea dice que "no van a asumir" que las ayudas que les corresponden sean fiscalizadas "al 50 por ciento", tal y como defienden desde el Gobierno, según AVITE. "No vamos a asumir que nos quiten la mitad por un daño ocasionado por una negligencia. No es de sentido común. Estamos hartos. Hemos demostrado nuestra predisposición al diálogo, pero la gota que calmó el vaso fue la reunión de ayer. Suena a reírse de un colectivo que no merece ser tratado con esta ligereza. Lo que pedimos es justo", zanja.
AVITE defiende que no van a aceptar ningún tipo de trato fiscal distinto al que han recibido los afectados de la talidomida en el resto del mundo; es decir: la exención fiscal total. Recuerdan, como ejemplo, que las ayudas a otros colectivos en España como los contagiados por el VIH o la hepatitis C, los lesionados en accidentes de tráfico, las víctimas de negligencias médicas, de terrorismo, o cualquier indemnizado por un daño causado por la Administración Pública, están exentos.
Para poner en marcha estas ayudas, en cualquier caso, aún está pendiente el reconocimiento individualizado de los 548 afectados por parte del Instituto Carlos III de Madrid, cuyas primeras solicitudes se efectuaron hace ya un año.
