MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) ha anunciado "para antes de un mes" la presentación de una demanda contra las farmacéuticas Grünenthal y UCB Pharma, en la que les reclamarán una indemnización de casi 156 millones de euros por las malformaciones provocadas a unos 200 pacientes por un fármaco para las nauseas de las embarazadas que contenía el principio activo de la talidomida.
Según ha explicado a Europa Press el presidente de AVITE, José Riquelme, la decisión se ha tomado después de que este miércoles fracasara el acto de conciliación celebrado en los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid.
Allí, según cuenta Riquelme, los seis abogados que representan a ambas farmacéuticas han negado toda responsabilidad en los hechos, que se hubieran reunido en tres ocasiones con los representantes de AVITE y que les hubieran ofrecido una indemnización de 120.000 euros para todos los afectados.
Además, asegura el presidente de esta asociación, "han matizado que todos los argumentos que se recogen en la demanda de conciliación presentada por AVITE son falsos". "Creemos que es de un cinismo impresionante que lo hayan negado todo, pero están jugando a ganar tiempo, quieren que pasen los años y que los afectados vayan muriendo para tener que pagar la menor indemnización posible", asegura.
El pasado 20 de junio, AVITE presentó una demanda de conciliación contra las farmacéuticas Grünenthal y UCB Pharma, que en 1957 vendieron en España y en el resto del mundo un medicamento para las nauseas de las embarazadas que contenía el principio activo conocido como talidomida.
Según AVITE, el producto causó graves malformaciones genéticas en los fetos, que hoy son adultos sin brazos ni piernas. El fármaco fue retirado del mercado alemán en 1961, pero se siguió administrando en España durante varios años más.
Alemania, el país donde surgió el problema, celebró hace más de 40 años un juicio en el que estableció la culpa y negligencia de Grünenthal en estos hechos, indemnizando en 1970 a los niños alemanes perjudicados con 110 millones de marcos, más pensiones vitalicias. Sin embargo, en España no se reconoció ni siquiera la existencia de afectados oficialmente hasta el Real Decreto 1006/2010.
