MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) - La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) ha registrado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella criminal contra el ex ministra de Sanidad, Ana Mato, a quien atribuyen dos delitos de homicidio y 37 de lesiones a otros tantos pacientes que no han tenido acceso a los nuevos medicamentos de última generación, en la mayoría de casos a pesar de tenerlos prescritos. La querella también afecta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas todas las comunidades, y en todos los casos les acusan también de "omisión del deber de socorro" ya que los fármacos llevan más de un año aprobados por las autoridades sanitarias europeas. "Venimos a pedir ayuda al Supremo, a pedir justicia. Lo hemos intentado todo a través de la presión y la denuncia, y también hemos tratado de hablar con un Gobierno que no nos ha querido atender en ningún momento (...) Tenemos la prescripción de nuestros médicos y no nos dan la medicación", ha defendido Eva Martínez, responsable jurídica de la plataforma, tras registrar la denuncia ante el tribunal. Todos los casos incluidos en la querella cuentan con un informe pericial avalado por un hepatólogo y el 80 por ciento tenían prescritos desde hace 6 meses a un año algunos de los fármacos de última generación que ha aprobado el Ministerio contra esta enfermedad (simeprevir, sofosbuvir o daclatasvir). No obstante, algunos de ellos ya los han recibido, gracias a la presión mediática, según ha reconocido la portavoz. De estos pacientes que tenían los fármacos prescritos, el grado de fibrosis que presentan en el hígado está catalogada como F3. El resto son pacientes más graves, con fibrosis F4, que no tienen prescritos los fármacos pero para los que "ya no existe otra posibilidad de tratamiento porque los anteriores han fallado o han provocado graves secuelas, y solo les queda una vía". En todos los casos, la plataforma entiende que los fármacos podrían haberse administrado desde el pasado 1 de enero de 2014 por la vía del uso compasivo, que permite el uso de medicamentos innovadores desde su aprobación por las autoridades sanitarias europeas aunque España no los haya incorporado a la financiación pública. EN 15 DÍAS HABRÁ UNA NUEVA QUERELLA Martínez ha avanzado que esta querella no será la última que presenten ante este tribunal, y que en los próximos 15-20 días presentarán una nueva iniciativa con otros 30 casos. "No vamos a parar hasta que los 35.000 casos graves que hay en este país reciban la medicación", ha avanzado. Los afectados han acusado a Alonso, Mato y las comunidades de haberles "mentido desde el principio", han censurado el "funcionamiento irregular" de la Agencia Españoles del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y han lamentado que también hay médicos que se están "dejando llevar por las presiones políticas" y no están prescribiendo estos fármacos". "Tienen que apoyar al enfermo", ha aseverado Martínez. "No sabemos qué es lo que ha ocurrido, somos afectados y queremos que las instituciones, que son las que tienen que velar por el derecho a la vida, nos digan qué ha ocurrido, porque este Gobierno no nos lo ha querido explicar", han insistido. Por su parte, el presidente de la plataforma, Mario Cortés, ha defendido que actualmente unos 35.000 pacientes con la enfermedad avanzada necesitan el tratamiento porque "mañana puede ser demasiado tarde", y ha criticado que la "tardanza" del Gobierno ha propiciado que "siga muriendo gente". SANIDAD LES PROMETE EL PLAN PARA MARZO Además, ha informado de que este lunes acudieron al Ministerio para registrar por sexta vez una petición de reunión con Alonso y consiguieron reunirse con la subdirectora general de Cartera Básica de Servicios, Maravillas Izquierdo, que les prometió que el Plan Nacional contra la Hepatitis C estaría listo para el próximo 3 de marzo. Sin embargo, Cortés considera que esto son "buenas palabras pero ningún compromiso", y exigen que, aunque se apruebe en marzo, luego sea ratificado por todas las comunidades. De lo contrario, ha advertido, "se quedará en un papel muy bonito pero sin ninguna efectividad". Además, la plataforma ha avanzado que el encierro que iniciaron en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a finales de diciembre va a continuar hasta que todos los pacientes reciban el tratamiento que necesitan. "Es el símbolo de nuestra lucha", ha apostillado la responsable jurídica. Durante el registro de la querella, un centenar de afectados se han concentrado a las puertas del Tribunal Supremo, con camisetas rojas reclamando "tratamiento para todos" y cánticos como "no son muertes, son asesinatos" o "sanidad pública".
