ADECES solicita al Tribunal Constitucional que anule la tasa del euro por receta cuanto antes

Actualizado: miércoles, 23 enero 2013 11:47

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Por Derechos Civiles, Económicos y Sociales, ADECES, confía en que el Tribunal Constitucional anule "definitivamente" y "cuanto antes" el euro por receta, "que ha quedado suspendido de forma cautelar en Cataluña y que también se suspenderá en Madrid, cuando el Tribunal admita el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno".

Para ADECES, las tasas se caracterizan porque gravan actividades o servicios prestados por la Administración, solicitados por el particular que se beneficie de los mismos.

En este caso, los pacientes no solicitan un servicio de recetas, sino que la atención médica del Sistema Nacional de Salud (SNS). "Este, según la Ley de cohesión y calidad del SNS, tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral y continuada. Las recetas las emite el médico si lo considera conveniente y no a solicitud del paciente", argumenta.

"Pretender cobrar una tasa por emitir una receta que el paciente solicita, es tanto como dar carta de naturaleza a la automedicación, amén de romper el carácter integral del SNS. Por la misma regla de tres el paciente solicita el papel que cubre las camillas, el uso de un box de urgencias", insiste.

En general, la asociación cuestiona la competencia de las autonomías para aplicar este gravame, ya que, según entiende, vulnera el derecho de igualdad y el reparto competencial de las distintas administraciones públicas, establecidos respectivamente en los artículos 14 y 149 de la Constitución y desarrollados por la Ley de cohesión y calidad del SNS.

"Hay que reconocer que cobrar un euro por receta impulsa el uso racional del medicamento, pero fundamentalmente el de aquellos ciudadanos con pocos recursos que dejarán de atender su enfermedad o dolencia por la merma de ingresos que representa", sostiene.

Para la Asociación, "no se puede penalizar la enfermedad, ni tachar de irresponsables a los ciudadanos y los profesionales de la medicina", al argumentar que es una medida disuasoria para evitar la acumulación innecesaria de fármacos en los domicilios.