MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha informado de que va a recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que le ha condenado, tras una denuncia de Abogados Cristianos, por mentir a las mujeres sobre los riesgos del aborto.
Asimismo, la organización ha comentado de que, por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón a las Clínicas Belladona y Buenavista del Principado, a quienes Abogados Cristianos
había acusado, de manera particular, por hechos similares a los de ACAI.
En este sentido, ACAI ha recordado que no desarrollan ninguna actividad empresarial, sino que es una asociación sin ánimo de lucro integrada por profesionales del aborto y la contracepción, cuyos objetivos pasan por la mejora continuada de la prestación sanitaria de aborto provocado y la atención integral a la mujer en todos y cada uno de los aspectos de su salud sexual y reproductiva. "En consecuencia, y dado que no realizamos actividades mercantiles ni empresariales, no podemos enmarcar nuestras acciones ni la difusión de la información que producimos, en el ámbito de la competencia leal o desleal", ha dicho.
De igual forma, y tal como reconoció en Primera Instancia el Juzgado de lo Mercantil de Gijón, ACAI ha señalado que la Asociación de Abogados Cristianos "tampoco tiene entidad jurídica empresarial" y, en consecuencia, "no debería estar legitimada para emprender acciones de este tipo", entroncando las motivaciones que mueven sus acciones, con razones de carácter ideológico, religioso, moral y político.
"Para los profesionales de los centros acreditados para la IVE resulta ciertamente sorprendente que la Justicia de validez al testimonio de una mujer, supuestamente afectada por la información que difundió ACAI en su página web, cuando dicha mujer ni siquiera llegó a presentarse en los juzgados el día en que tuvo lugar el juicio, no siendo capaz su letrado de informar sobre su paradero y ateniéndonos a los hechos juzgados, tampoco pudo la acusación explicar en qué centro había sido atendida la demandante, ni de cuántas semanas de gestación estaba la mujer supuestamente intervenida", ha detallado.
Además, prosigue, para los profesionales de los centros acreditados resulta "muy difícil" comprender que se venga a requerir la divulgación en las páginas web de los centros de IVE de los consentimientos informados que dan a las pacientes cuando van a ser intervenidas. Un hecho "difícil de comprender" porque tales exigencias no se solicitan a ningún otro centro médico o sanitario de este país, y "más aún" cuando el ámbito en el que se está produciendo esta exigencia "no es ni tan siquiera el de estos centros, sino el de la página web de una asociación profesional".
Finalmente, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil, a las asociaciones de mujeres y a las administraciones para que se posicionen y defiendan la prestación sanitaria de aborto provocado, "frente a los intentos de aquellos que buscan el desmantelamiento de este recurso médico". "De conseguir su objetivo, las mujeres no solo perderán un derecho que debería estar consolidado, sino que se generará un grave problema de salud pública, volviendo a ser el aborto la práctica insegura y clandestina que estos grupos buscan que vuelva a ser", ha zanjado.
