VALENCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Primera Instancia número 11 de Valencia ha absuelto a un cirujano de indemnizar a una paciente que pidió que le extrajera de forma gratuita sus prótesis mamarias PIP, que le había colocado en octubre de 2008, después de que en los años 2010 y 2012 el Ministerio de Sanidad alertara sobre sus riesgos.
De esta forma, el juez desestima la demanda interpuesta por la mujer contra la clínica y el cirujano que le operó, al no quedar probado una mala praxis o una actuación negligente, según consta en la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La mujer se practicó en octubre de 2008 una intervención quirúrgica que consistía en la implantación de prótesis mamarias PIP. En marzo de 2010, el Ministerio de Sanidad emitió una primera nota en la que recomendaba que se cesara en su implantación y que las pacientes portadoras se planificaran un seguimiento con sus centros. En febrero de 2012, emitió una segunda nota en la que aconsejaba su extracción si había rotura.
Ante estas informaciones, la mujer acudió a la clínica en la que había sido intervenida previamente para pedir la extracción gratuita de las prótesis, pese a que no había rotura. El cirujano se negó y le hizo un presupuesto de 2.100 euros.
Sin embargo, la mujer fue finalmente intervenida en marzo de 2012 por otro cirujano, el cual le extrajo la prótesis e implantó unas nuevas con un coste total de 2.143,37 euros. De este importante, la paciente reclamaba a su primer cirujano 2.000 euros.
Frente a esta demanda, la clínica y el cirujano se opusieron y alegaron que no incurrieron en mala praxis y que se firmó un consentimiento informado en el que constaba expresamente el riesgo de rotura.
CONSTABA RIESGO DE ROTURA
El magistrado ha decidido dar la razón al cirujano y a la clínica en base a dos argumentos. El primero, por quedar acreditado que se cumplieron con las exigencias respecto del consentimiento informado, que fue emitido seis días antes de la intervención y, en el mismo, constaba el riesgo de rotura. Además, no considera que en dicha fecha le fuera exigible al cirujano demandado haber informado de lo que solo se evidenció, respecto de las prótesis PIP, a partir de marzo de 2010.
En segundo lugar, estima que no ha quedado acreditada mala praxis ni que, a fecha de la intervención, en octubre de 2008, se considerase negligente la recomendación e implantación de prótesis PIP. Así, resume: "difícilmente se puede hacer pesar sobre la parte demandada el coste de la sustitución de la prótesis tres años y medio después de su implantación".
