SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha acordado remitir a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada el expediente de incoación de apertura de diligencias de investigación criminal contra la empresa Dental Line S.A por un posible delito de fraude contra los consumidores tras el cierre de las clínicas de esta compañía a finales del pasado año.
Fuentes de la Dirección General de Consumo de la Consejería andaluza de Salud consultadas por Europa Press concretaron que el acuerdo de remisión de esta causa a la Fiscalía de Granada, toda vez que detallaron que, desde el 1 de enero de 2009 hasta el momento presente, "son ya 394 las reclamaciones que los usuarios de todas las provincias andaluzas" han interpuesto ante los servicios de Consumo de la Junta contra estas clínicas en la comunidad andaluza.
Ya a finales del pasado año, Consumo y el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas acordaron evaluar los casos de afectados por el cierre de las clínicas de Dental Line mediante la elaboración de informes sobre el grado de cumplimiento en la ejecución de los servicios contratados con dichos establecimientos.
Hasta la fecha, los colegios han elaborado un total de 335 de estos informes de afectados por el cierre de estas clínicas, en los que se determina qué parte de los tratamientos está finalizada y qué parte no, a la par que están sirviendo como prueba a los usuarios, en su caso, a la hora de emprender la vía judicial para la resolución del conflicto si se opta por ella.
Entre los hechos que han ocasionado más estas quejas hasta ahora destacan el de "fraude" en la calidad de la prestación del servicio, "incumplimiento" en el presupuesto, solicitud de devolución de importe "por servicios no realizados" y tratamientos "que no se han terminado por cierre".
Junto a ello, la Consejería de Salud procedió en octubre de 2009 a abrir un expediente informativo a Dental Line para conocer cual era la incidencia que para las personas consumidoras en Andalucía ha tenido el cierre de clínicas de esta empresa, con la que los usuarios han contratado servicios y tratamientos.
A través de dicho expediente informativo se ha analizado también el estado de los créditos concertados por los consumidores con distintas entidades para la financiación de los tratamientos. La gran mayoría de las clínicas de Dental Line en la comunidad han sido asumidas por otros responsables y continúan su actividad.
Además, en los servicios provinciales de Consumo también comenzaron a iniciarse expedientes sancionadores, cuyas cuantías oscilan entre los 200 y los 30.000 euros, dependiendo de si la infracción es leve o tiene la consideración de grave.
La Administración andaluza ya advirtió que durante la labor realizada por parte de los inspectores de Consumo "se ha constatado, en algunos casos, falta de colaboración e incluso obstrucción por parte de la empresa para llevar a cabo las funciones propias de la inspección de Consumo".
