ZARAGOZA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada del Partido Socialista (PSOE) por Zaragoza en el Congreso de los Diputados, Susana Sumelzo, ha advertido de que la suspensión de la colaboración entre las clínicas abortistas acreditadas en la Comunidad autónoma aragonesa y el Servicio Aragonés de Salud (Salud) "va a crear una situación de desigualdad a quienes no puedan pagarlos".
Sumelzo se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press después de que las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo en Aragón hayan anunciado este lunes que suspenden su colaboración con el Salud al haberse acumulado unos impagos por valor de 800.000 euros.
Las clínicas han considerado "insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación ya que se verían abocados a un cierre inevitable" por lo que, "salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideran posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo".
La diputada del PSOE por Zaragoza en el Congreso ha estimado que esto demuestra que el Gobierno de Aragón "no ha sabido, o no les ha interesado, encontrar una salida viable" y "es una medida que perjudica a las usuarias".
Sumelzo ha agregado que esto supone una "falta de respeto" a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el anterior Gobierno socialista y que "asegura la gratuidad" del aborto puesto que lo incorpora a la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud.
La parlamentaria ha precisado que "son muchas las mujeres que tienen que acudir al aborto, unas 2.000 al año en Aragón" y "esa no es una situación fácil ni deseada para ellas" y con la citada ley "trabajamos por evitar las situaciones de desigualdad".
SITUACIÓN DE DESIGUALDAD
Ahora, las clínicas abortistas acreditadas en Aragón han anunciado que "se va a cobrar por adelantado y se va a dejar de prestar gratuitamente" esa prestación "y eso va a crear una situación de desigualdad en quienes no puedan pagar". Los centros sí informarán a las mujeres de su derecho a la gratuidad y facilitarán la documentación que pudieran precisar para reclamar el pago de la intervención a la Administración aragonesa.
Sumelzo ha apuntado que la ley asegura el aborto "independiente de donde se viva" y que se haga en la red sanitaria pública, con un "compromiso expreso de la Administración de asumir el aborto", y que, en caso de que no pueda realizarlo, "pueda derivar" a clínicas acreditadas concertadas "y ahí se presta el servicio".
Sin embargo, en Aragón, la Administración "no ofrece una salida viable al pago de esa deuda" y "no solo eso, sino que es voluntad que no haya salida porque en los presupuestos de este año no hay ninguna partida para este tema" de forma que "tampoco presupuesta para lo que pueda venir después".
A su entender, esto pone en evidencia "la paralización del Gobierno de Aragón" desde que es gestionado por la presidenta Luisa Fernanda Rudi, del Partido Popular (PP), que "no ha tomado ninguna decisión" respecto a esos 800.000 euros que adeuda a las dos clínicas acreditadas en Aragón, las clínicas Actur y Almozara.
Sumelzo ha opinado que "no vale con echar la culpa a la crisis, ni a la herencia recibida", sino que esta forma de actuar "es una avanzadilla de lo que el Gobierno de Aragón va a hacer con este tema, que afecta directamente a las mujeres", después de que el anterior Gobierno central del PSOE cumpliera con "un compromiso histórico con mujeres y la igualdad" con la aprobación de la citada ley.
