El PP defiende que el cambio no avala en nada el resto de la ley vigente y dice que esperará al Constitucional
MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, BNG, UPyD, ERC, Convergencia y Amaiur han denunciado este jueves en el Pleno del Congreso que el PP ha puesto su interés electoral por encima de la seguridad jurídica y sanitaria de las menores de 16 y 17 años que tras la reforma de la ley del aborto que se refrendará con su mayoría absoluta, necesitarán consentimiento paterno como condición indispensable para practicarse un aborto o pedírselo a un juez.
Durante el debate, todos los grupos que habían presentado enmiendas han vuelto a defenderlas en el Hemiciclo aunque fueron rechazadas en la Comisión de Sanidad. Mientras PSOE, UPyD, PNV y BNG solicitaban la supresión de la proposición de Ley Orgánica, Izquierda Plural, ERC y Convergencia proponían cambios también sobre el contenido de la ley actual. UPN ha decidido retirar sus enmiendas, que iban dirigidas a restringir el sistema vigente. La votación tendrá lugar a partir de las 17.00 horas.
En sus intervenciones, estos grupos han coincidido en que se trata de una reforma "innecesaria", dado que, según los datos oficiales que todos los portavoces han ido repitiendo, sólo el 3,6 por ciento de las mujeres que abortan en España son menores de edad y de ellas, son el 0,4 las que lo hacen sin comunicárselo a sus padres. En palabras de la portavoz socialista, Ángeles Álvarez, "el problema" que quiere resolver el PP "no existe".
"La ley ya garantiza que los tutores legales tengan esa información. El artículo 13 es de una factura jurídica impecable. Reconoce que el consentimiento le corresponde a la mujer embarazada, garantiza que los padres tengan conocimiento de las circunstancias pero protege la seguridad de aquellas que tengan riesgo, quedando perfectamente acotado en la ley: peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, maltrato o desamparo", ha explicado.
En su opinión, si se hubiese querido "salvaguardar" a las menores en esta situación, deberían haber previsto al menos "plazos específicos" de tramitación de los recursos judiciales, ya que el sistema al que tendrán que recurrir las chicas que contraríen la decisión de sus padres constata la "práctica imposibilidad de realizar el aborto en las 14 semanas que estipula la ley".
Desde la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras ha puesto el acento en la "improcedencia" de la reforma. "Mienten de forma de forma descarada e intencionada porque la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que hoy se modifica en su artículo 13.4 no decía en ningún caso que las jóvenes puedan abortar sin conocimiento de sus padres, al contrario, era una condición. Sólo estaban exentas las que demostrasen graves conflictos, como pueden ser malos tratos o abusos: las que mayor protección necesitan y contra las que ahora arremeten", ha espetado.
Tampoco para PNV, que pedía la retirada, es una medida necesaria. Su portavoz, Joseba Aguirretxea, ha defendido el consenso alcanzado en torno a la ley ahora en vigor, en cuya tramitación "todos dejaron los pelos en la gatera" y ha reinvindicado que se mantenga. Sobre el fondo de la cuestión, ha planteado "en qué menores está pensando el PP" dado que para las que "desgraciadamente no viven en un entorno social amable" va a ser "un perjuicio claro". "¿A quién va a pedir permiso una mujer embarazada de su propio padre?", ha apuntado.
En la misma línea ha ido la intervención de Carlos Martínez Gorriarán (UpyD), que había pedido asimismo la supresión de las propuestas de cambio del PP, y para quien la medida es "innecesaria", "no está justificada" y no cuenta con el consenso que la regulación en vigor "hoy sí tiene" y que debería respetarse.
Mientras, la portavoz de BNG, Olaia Fernández Dávila, ha incidido en que "lo que se hará aprobando esta ley es un acto de grave injusticia porque desprotege a estas menores que ya no cuentan con la protección de sus progenitores", creando una ley "arbitraria" que pretende "dar respuesta es a una minoría minoritaria por oportunismo electoral".
El portavoz de ERC, Joan Tardá, se ha aferrado a una "defensa a ultranza del consenso" de 2010 frente a una ley que quiere "boicotear y dinamitarlo". Con todo, ha defendido que "el día que gobiernen otros y en caso de que gobernase la socialdemocracia, la ley de 2010 también se tiene que debatir, no solamente para blindarla sino para introducir quizá otras posiciones que en su momento no tuviesen suficiente mayoría" como 22 semanas de aborto libre.
A juicio de Lourdes Ciurò, de CDC, la propuesta de reforma del PP "da la espalda a la realidad" ya que un 13% de menores de 16 y 17 años no pueden contar con el apoyo de sus padres o tutores, una situación de desamparo al encontrarse en situaciones de abuso, violencia intrafamiliar o abandono, en las que no pueden recabar el consentimiento paterno, y que las abocará a los abortos clandestinos, poniendo en riesgo su salud.
Por contra, desde Uniò, Conxita Tarruella ha confirmado su voto a favor de la proposición de ley del PP al compartir que es necesario el consentimiento paterno para que las jóvenes de 16 y 17 aborten. Eso sí, "por coherencia política" y hasta conocer el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado a la ley en vigor, se va a abstener en la votación de las enmiendas presentadas por el resto de grupos.
UPN votará en el mismo sentido, según ha confirmado en su intervención el diputado navarro Carlos Salvador, que ha decidido a última hora retirar sus enmiendas a cambio de un compromiso presupuestario del PP y el Gobierno para conceder ayudas y medidas de apoyo a la maternidad.
EL PP NIEGA QUE AVALE EL RESTO DE LA LEY
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Marta González, tras reiterar que el partido considera "imprescindible devolver a madres y padres la capacidad de apoyar a sus hijas" ha hecho hincapié en aclarar una cuestión que según ha dicho, "preocupa mucho" a la sociedad y a los votantes del PP: que la reforma no avala el resto de la ley ahora vigente.
"Con esta proposición de ley orgánica no estamos validando el resto de cuestiones objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, seguimos manteniendo nuestras dudas con respecto a su constitucionalidad. Mantenemos nuestro recurso porque ni podemos ni queremos retirarlo y consideramos imprescindible que el alto tribunal se pronuncie sobre todas ellas. Somos responsables, cumplimos con nuestras obligaciones y esperamos que los demás lo hagan también", ha sentenciado.
Los diputados del PP Lourdes Méndez y José Eugenio Azpiroz ya han anunciado que van a votar en contra de la iniciativa por considerar que es insuficiente. Eva Durán, otra diputada de las consideradas 'díscolas' se pronunció en el mismo sentido la semana pasada, mientras que Javier Puente y Antonio Gutiérrez, que completan el grupo de los que han sido críticos abiertamente con la postura oficial, se debaten entre no emitir ningún voto o hacerlo en sentido contrario.
CAMBIAR DE OPINIÓN
La anécdota del debate ha tenido lugar después de que la portavoz de Igualdad del PP, Marta González, mencionase durante su intervención al histórico diputado del PSOE, José María Barreda, como uno de los parlamentarios socialistas que en 2010 no compartían la reforma que en ese momento emprendió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ante esta afirmación, Barreda ha asegurado a la Cámara haber cambiado de opinión porque le han "convencido" los argumentos que otros compañeros le han aportado sobre este asunto. González por su parte le ha reprochado que el cambio de posición de algunos grupos que "declaran una cosa y después hacen lo contrario".
