PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra ha afirmado que no es "competente" para impugnar ante el Tribunal Constitucional una ley foral emanada del propio Parlamento de Navarra, después de que el PPN haya criticado que el Ejecutivo navarro no haya recurrido la ley foral que crea un registro de sanitarios objetores al aborto.
En un comunicado, el departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha asegurado que el Ejecutivo foral "no es competente para impugnar una ley emanada del Parlamento de Navarra" y ha indicado que "éstas sólo pueden ser impugnadas por el presidente del Gobierno central, el Defensor del Pueblo, 50 diputados ó 50 senadores".
Sin embargo, el departamento ha explicado que "la situación de inseguridad jurídica producida por la convivencia de una ley estatal y dos leyes forales aprobadas en el Parlamento navarro llevó a la consejera de Salud a la creación de un grupo técnico de trabajo encargado de estudiar la aplicación de las normas que afectan directamente a la Comunidad Foral de Navarra". "Es una situación que no se da en ninguna otra Comunidad Autónoma española", ha añadido.
Entre las dudas de naturaleza jurídica suscitadas en este marco de la actuación sanitaria, según Salud, "se distinguen aspectos de gran calado que afectan directamente a conceptos fundamentales como la libertad de ideología o de conciencia, el derecho a la intimidad o la privacidad de los profesionales".
En este sentido, ha valorado que la ley foral sobre registros de profesionales sanitarios "no sólo no ha aportado claridad en su correcta aplicación, sino que, por el contrario, ha contribuido a generar una mayor confusión".
"Sería una temeridad por parte del Gobierno de Navarra adoptar cualquier medida en orden al obligado cumplimiento de las mismas, sin antes haber resuelto todas las cuestiones susceptibles de plantear dudas, ya que de las mismas pueden resultar lesionados derechos fundamentales de los profesionales", ha defendido.
Así, ha explicado el departamento, "el grupo de trabajo técnico aceptó como misión el análisis de la situación, el estudio de los diferentes criterios y alternativas posibles, para acometer la clarificación oportuna que garantice la plena seguridad jurídica de los profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, así como del estamento organizativo que los acoge, erradicando cualquier riesgo o responsabilidad que pudiera emanar de una actuación no clarificada".
El grupo, formado por profesionales de distintos ámbitos para el abordaje interdisciplinar de los asuntos y constituido el 24 de noviembre, está a su vez capacitado para poder ser asistido por cuantos asesores y especialistas considere oportuno.
De hecho, en su trabajo ha contado ya, según Salud, con las aportaciones de María Teresa Fortún Pérez de Ciriza, presidenta del Colegio de Médicos de Navarra, y Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, en fechas próximas serán asesorados por José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Antonio Del Moral García, fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El departamento foral de Salud ha puntualizado que "esta acción, orientada a garantizar la actuación de los profesionales en el ejercicio de su labor sanitaria, no interfiere con el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, que siguen garantizadas y se vienen ejecutando".
Finalmente, ha recordado que el Gobierno de Navarra ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por considerar que supone una invasión de las competencias de la Comunidad.
