Confía en que el TC suspenda su vigencia "teniendo en cuenta la irreversibilidad de los daños causados por su aplicación"
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado hoy que "no todos" los casos de abortos se están remitiendo a clínicas privadas, ya que cuando no hay objeción de conciencia en los hospitales públicos se suele hacer la intervención en los mismos, al tiempo que ha recalcado que los trámites siguen igual desde 1985, ya que lo único que cambia con la nueva ley son los plazos.
"Todos los casos no se derivan a clínicas privadas. Cuando no hay objeción de conciencia en los hospitales públicos, no", ha precisado la dirigente regional en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid.
En este sentido, ha precisado que si el aborto se hace en una clínica privada, la intervención será "a coste del contribuyente", y ha puntualizado que "unos casos se derivan" desde los hospitales públicos y otros no. "No ha cambiado nada. Se viene haciendo exactamente lo mismo que se viene haciendo desde la Ley de 1985. Lo que han cambiado son los plazos", ha indicado.
Después de que ayer dijera que Madrid iba a cumplir la normativa, hoy ha recordado que la primera obligación de los poderes públicos "es el cumplimiento estricto de la ley", por lo que el Gobierno regional la acata aunque no la comparte "en absoluto".
Por ello, ha dicho que confía en que el Tribunal Constitucional suspenda su aplicación y actúe "con rapidez o que la menos dicte un auto suspendiendo su vigencia lo antes posible, teniendo en cuenta la irreversibilidad de los daños causados por la aplicación de la Ley en el supuesto de que se inconstitucional".
"Mientras tanto, la Comunidad de Madrid lo que hace es cumplir estrictamente la Ley. Lo que hace es que las personas que quieren abortar van a su médico de familia y siguen el trámite que se ha seguido desde 1985 hasta hoy y que los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario que no quiere practicar abortos son amparados en su objeción de conciencia por el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha concluido.
