MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, denuncia que muchas clínicas están al "borde de la quiebra", ya que la falta de un partida presupuestaria específica en la Ley del Aborto y la "escasa voluntad política" de determinadas administraciones están incrementando la deuda acumulada con los centros asociados en toda España, hasta situarla en más de 8 millones de euros.
ACAI advierte de que la normalización de este recurso ha sido posible gracias a la voluntad de los centros acreditados. "La situación de asfixia económica a la que se está sometiendo a los centros responde a un intento de frenar la normalización de un recurso que según las declaraciones de los dirigentes populares, dejará de ser considerado como prestación sanitaria básica antes incluso de la anunciada reforma legislativa, prevista para el próximo otoño", advierte.
Dos años después de la entra en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, observa que las mujeres "han podido decidir sin tutelas sobre su maternidad" gracias a la normalización del acceso a la prestación sanitaria de aborto, "sin tener que justificar una decisión íntima y personal".
Por este motivo, entiende que la reforma de ley apoyándose en supuestos como la que ha anunciado el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "situaría a España entre los países menos respetuosos con los derechos sexuales y reproductivos de sus mujeres".
Asimismo, denuncia que la ley amenazada y el desarrollo normativo se encuentra estancado, sobre todo en todos aquellos aspectos relativos a las medidas preventivas, la educación sexual, políticas dirigidas a colectivos especialmente vulnerables, así como, en relación al desarrollo de una anticoncepción universal.
Y avisa de que, de cambiar la normativa, "España podría ver incrementados los índices de morbimortalidad entre las mujeres que abortarían en cualquier circunstancia, sobre todo entre aquellas que no pudieran recurrir, por razones económicas, a un aborto fuera de nuestro país".
Por lo tanto, insta al Ejecutivo a que reconsidere su postura ya que "las leyes restrictivas en materia de aborto en modo alguno favorecen la maternidad", teniendo en cuenta que "una mujer que desea abortar lo hará en cualquier circunstancia, sea esta legal o no". "Por tanto restringir el acceso a la interrupción del embarazo solo sirve para fomentar el aborto clandestino, el éxodo abortivo y la morbimortalidad entre las mujeres que acceden a un aborto", concluye.
