Abogado del Estado recurre la orden del Gobierno vasco que establece la atención sanitaria a inmigrantes 'sin papeles'

Actualizado 07/10/2014 10:38:14 CET

Salud defiende que su orden actúa en "términos de respeto a la legalidad"

VITORIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno vasco ha informado este lunes que el Abogado del Estado ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la orden del consejero vasco de Salud, Jon Darpón, que posibilita y regula la prestación de asistencia sanitaria en Euskadi a los inmigrantes sin permiso de residencia por la que se les facilita una tarjeta sanitaria de Osakidetza.

El director de Aseguramiento y Contratación sanitaria, Iñaki Berraondo, ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento vasco donde ha informado sobre el desarrollo de la orden que regula la asistencia sanitaria para las personas inmigrantes.

El Gobierno vasco reguló el pasado mes de julio la asistencia sanitaria a personas inmigrantes, con la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la orden que posibilita y regula la prestación de asistencia sanitaria en Euskadi a las personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema de Salud del Estado.

De esta forma, se respondía al Real Decreto-Ley 16/2012, dictado por el Gobierno central, que retira la condición de asegurada o beneficiaria del derecho a la asistencia sanitaria a determinadas personas, entre ellas las de procedencia extranjera sin permiso legal de residencia.

El Gobierno central recurrió la orden del consejero de Salud, Jon Darpón, ante el Tribunal Constitucional (TC) que en diciembre de 2012 avaló la atención sanitaria a ese colectivo en la Comunidad Autónoma Vasca levantando la suspensión de los artículos del decreto del Ejecutivo autonómico que hacían referencia a estas personas.

Sin embargo, el director de Aseguramiento y Contratación, Iñaki Berraondo, ha informado de que la orden del consejero que articula la ejecución del derecho a la asistencia sanitaria pública de este colectivo ha sido recurrida por el Abogado del Estado a pesar de que el Ejecutivo no cambió los requisitos del decreto inicial para que no fuera impugnado.

La orden recurrida establece que las personas solicitantes deben acreditar que cumplen los requisitos exigidos, además de aportar documentación que identifique fehacientemente su identidad; declaración de sus ingresos, que deben ser inferiores a la Renta Básica en Euskadi; y certificado de empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma por un periodo continuado de al menos un año, antes de la presentación de la solicitud.

Una vez verificados los requisitos y, en su caso, obtenido el reconocimiento, el ciudadano recibe un título identificativo, 'Tarjeta Individual Sanitaria' (TIS) personal e intransferible que le garantice la asignación de un facultativo de atención primaria.

SIN AÑO DE EMPADRONAMIENTO

En el caso de quienes cumplen todos los requisitos, excepto el año de empadronamiento, se ofrece asistencia normalizada tanto a las mujeres durante el embarazo, parto y post-parto, como a las personas menores de 18 años. El resto es atendido para urgencias y problemas de salud pública, mientras que quien está fuera de estos supuestos deberá hacerse cargo del coste.

Respecto a la petición de los grupos parlamentarios para que se quite el requisito de un año de empadronamiento, Berraondo ha explicado que el marco normativo en el que se desenvuelve este decreto es "convulso", y que el TC levantó la suspensión el decreto del Gobierno central para un articulado "muy concreto" en el que se especifica este año de empadronamiento.

Por ello, ha explicado que el Gobierno vasco se apoya en el auto del TC para desarrollar una práctica "posibilista" desarrollando una orden que actúa no sólo en "términos de respeto a la legalidad", sino también proporcionando la asistencia sanitaria a los afectados.

"Con la orden estamos regulando el derecho a la asistencia sanitaria de la mayor parte de las personas en situación irregular" ha explicado antes de reconocer que quedan "pendiente" las personas que han llegado a Euskadi hace menos de un año, sin "acomodo" en el decreto.