MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo ha registrado 8.196 quejas de ciudadanos durante el primer semestre de 2015, sobre todo por asuntos relacionados con la Sanidad (1.102), como el acceso a determinadas vacunas, o a asuntos educativos, como el acceso a la universidad de personas con discapacidad. En todo 2014, la institución había registrado 23.186 quejas en 2014, un 2,2% más que en 2013.
DEFENSOR DEL PUEBLO
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado este martes en el Congreso un balance del primer semestre de este año, en el que ha gestionado un total de 8.499 expedientes, 8.196 de ellos fruto de las mencionadas quejas ciudadanas. Paralelamente, desde el mes de enero, ha iniciado 198 actuaciones de oficio, fundamentalmente sobre temas económicos como la venta de productos financieros o urbanísticos o el acceso de la SAREB al Convenio del Fondo Social de viviendas. También tramitó 105 peticiones de recurso.
Además, durante este periodo la institución ha formulado 537 recomendaciones y sugerencias a las administraciones públicas, de las que el 76% han sido aceptadas.
Ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Becerril ha dado cuenta además de los informes, ya registrados en la Cámara, 'La situación de los presos españoles en el extranjero', 'La escucha del menor, víctima o testigo', y del balance anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que recoge datos sobre centros de detención de media o larga estancia de todo el país.
Durante su intervención, Becerril ha destacado el "esfuerzo" de la institución para disminuir los tiempos medios de respuesta a los ciudadanos y las administraciones: en la actualidad tarda en torno a 32 días en contestar, la mitad que en el año 2012 y ante las preguntas de varios diputados al respecto, a dicho confiar en que las administraciones requeridas estén haciendo el mismo esfuerzo por reducir los plazos. De media, tardan 80 días.
En cuanto al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la institución formuló 204 resoluciones (84 recomendaciones, 114 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales) en 2014, de las que un 72,5%, 148, han sido aceptadas por la Administración.
La Defensora ha destacado que se han producido "notables mejoras" en los últimos años "fruto del esfuerzo de las administraciones" en los centros de privación de libertad, entre las que ha destacado la progresiva implantación de sistemas de videovigilancia.
Sobre el estudio 'La escucha del menor, víctima o testigo', presentado el pasado mes de mayo y que analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado en tres momentos claves del proceso penal: la sede policial, la preconstitución de la prueba y el juicio oral, Becerril ha urgido a los parlamentarios a actuar para conseguir que este derecho se garantice.
Entre las recomendaciones recogidas en ese trabajo, destacan la instalación de sistemas de videoconferencia y salas específicas en edificios judiciales que permitan al menor prestar declaración en un entorno adecuado y acompañado por personas de su confianza, utilizar un lenguaje"comprensible" y que no intimide al menor o evitar que en el proceso llegue a coincidir con su agresor, sea en sede policial o judicial.
ESPAÑOLES ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO
Becerril ha dado cuenta asimismo del informe 'La situación de los presos españoles en el extranjero', en el que analiza 224 expedientes de españoles que cumplen condena en cárceles de 27 países. En total, a finales de 2014, 1.735 ciudadanos españoles cumplían condena fuera de España, principalmente (en cuatro de cada cinco casos) por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
En el informe recomienda regular los supuestos en los que los españoles que estén presos en cárceles extranjeras y carezcan de recursos puedan recibir asistencia jurídica de forma gratuita por parte de España, y crear servicios para llevar a cabo esta labor en los consulados españoles en países iberoamericanos.
Becerril pone de manifiesto en el texto las quejas de los internos, de sus familias y de las ONG que trabajan con este colectivo, principalmente en lo que se refiere a la "demora" en los expedientes de traslado para cumplir sus condenas en España y la existencia de "dificultades procesales" durante el desarrollo de los juicios.
Por ello, pese a la "importante labor asistencial y humanitaria" que, según la defensora, realizan los consulados españoles y las ONG, considera "necesario" reforzar los medios humanos y materiales de los consulados en los países donde el número de presos españoles es mayor, así como mejorar los canales de comunicación disponibles entre los reclusos, sus familias y las autoridades consulares, según ha indicado.
