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MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Al menos el 60 por ciento de los fondos que destina la sanidad pública a costear los tratamientos rehabilitadores del dolor cervical, lumbar y de hombro --los motivos más frecuentes para ir a una rehabilitación-- se gastan en procedimientos "inútiles" o "sin fundamento científico" que avale su seguridad y eficacia.
Esta es la principal conclusión del estudio realizado por investigadores del Servicio Canario de Salud, en colaboración con la Fundación Kovacs, el primero que cuantifica el dinero que gasta la sanidad pública española en procedimientos ineficaces o no evaluados.
Sus resultados se han publicado en 'BioMed Central Musculoskeletal Disorders' y han sido presentados este miércoles por el doctor Francisco Kovacs, coautor del trabajo y director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la España (REIDE), y el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín.
El trabajo se ha centrado en datos del Servicio Canario de Salud --aunque los resultados son extrapolables al resto de España-- y en el manejo de tres dolores que afectan hasta el 70 por ciento de la población y son una de las causas más frecuentes de consulta en AP.
Así, los investigadores constataron que, en tres años (de 2004 a 2007), el Servicio Canario de Salud gastó unos 5,1 millones de euros en pagar centros privados concertados para proporcionar tratamiento rehabilitador a unos 19.000 pacientes, 8.308 individuos con dolor de cuello, 5.693 con dolor lumbar y 5.035 con dolor en el hombro.
EL 27% DEL GASTO A TRATAMIENTOS "INÚTILES"
De media, recibieron hasta 35 sesiones de rehabilitación en las que se aplicaron unas cuatro técnicas diferentes. El 59,5 por ciento de las técnicas carecía de pruebas científicas de su eficacia o no habían sido evaluadas ni en seguridad ni en eficacia antes de usarse.
En concreto, el 32 por ciento de los fondos públicos se destinó a pagar técnicas no evaluadas y el 27 por ciento a tratamientos que habían demostrado previamente ser "inútiles". Sólo el 39,9 por ciento de los procedimientos empleados --que supusieron el 40,5% de este gasto público-- contaba con pruebas científicas de su eficacia.
Según el doctor Kovacs, "como ejemplos de tratamientos no evaluados para el dolor cervical, hemos visto que se ha aplicado la termoterapia o la onda corta; para el dolor lumbar, la iontoforesis y la magnetoterapia; para las dolencias de hombros, el masaje, la electroestimulación, la onda corta o la magnetoterapia".
Como muestra de tratamientos "comprobadamente ineficaces" para el dolor cervical, este experto cita "la electroestimulación, la iontoforesis o la magnetoterapia; para el dolor lumbar, la movilización o la tracción lumbar; para el hombro, la onda corta".
Dice Kovacs que el cálculo que sitúa en el 60 por ciento este gasto en técnicas inútiles o no evaluadas es "tremendamente conservador", ya que sólo se han calculado los costes de los pacientes tratados en clínicas privadas concertadas --que representan al 70% del total-- y sólo los costes directos en personal y equipos.
DECIDEN GESTORES Y POLÍTICOS
Aún así, el cálculo revela que, en Canarias, "al menos" 3 de los 5 millones de euros que se destinan cada año a pagar tratamientos de rehabilitación se malgastan en estas técnicas.
Extrapolado al resto del país, el estudio muestra que "como mínimo", según subraya Kovacs, España gastaría unos 75 millones de euros anuales en técnicas rehabilitadoras probadamente inútiles o que podrían ser ineficaces e incluso peligrosas para los pacientes.
Para este experto, la actual situación es consecuencia de la falta de un organismo que evalúe y de seguimiento, antes de su entrada en el mercado, de todas las tecnologías médicas con transparencia.
Por ello, las decisiones sobre el uso de una tecnología en el Sistema Nacional de Salud (SNS) las toman los políticos o, por cuenta propia, los responsables de hospitales o servicios sanitarios autonómicos. A su juicio, tomar así las decisiones es "irracional".
POR UNA AGENCIA DE EVALUACIÓN ÚNICA
España es, junto con Bélgica y Canadá, el único país que cuenta con más de un organismo de evaluación de tecnologías --tiene unos 23, de diversa naturaleza--, según Kovacs. Sin embargo, ninguno realiza por iniciativa propia la evaluación de todas las tecnologías. Además, no publican las conclusiones de sus estudios, por lo que no pueden debatirse, y "a ninguno se le hace caso" desde las administraciones.
Considera "un bulo" que estos procedimientos no se puedan evaluar o controlar en su uso diario, como se hace con los fármacos. En este sentido, advierte del peligro de usar técnicas sin valorar pues, "si el 50 por ciento de los efectos secundarios de un fármaco se detectan en la práctica clínica y sorprenden, en el caso de estas técnicas el 100 por cien de los efectos secundarios son una sorpresa".
Para enfrentar este problema, una tarea "urgente" en tiempos de crisis, recomienda "recortar estos gastos inútiles" y "reinvertir lo ahorrado en técnicas realmente eficaces". "Hay que comenzar a decidir mejor y a controlar los resultados", concluye.
