MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El 54,5 por ciento de los médicos de urgencias hospitalarias aseguran haber recibido al menos una reclamación y el 23,6 por ciento manifiestan que han sufrido una denuncia, además el 88,7 por ciento admite que la amenaza de demanda judicial condiciona su práctica diaria, lo que provoca que desarrollen una "medicina defensiva", entendida como el empleo de procedimientos diagnósticos o terapéuticos con el propósito de evitar demandas por mala praxis.
Estas son las principales conclusiones de un estudio realizado por la Organización Médica Colegial (OMC), en colaboración con las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). El objetivo ha sido conocer cómo repercute el riesgo de denuncia y de demanda judicial en la práctica médica de los servicios de urgencia hospitalarios.
En general, el 91 por ciento son de la opinión de que la presión judicial sobre estos profesionales se ha incrementado considerablemente. Así lo perciben un 5,4 por ciento más de mujeres que de hombres encuestados, y sobre todo entre los profesionales sanitarios de hospitales privados y de menos de 500 camas.
Por otra parte, el 89,9 por ciento considera que en los Servicios de Urgencias Hospitalarios se realizan pruebas diagnósticas de dudosa utilidad. Mientras, un 63 por ciento cree que los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados se alargan de forma innecesaria por prevención ante posibles problemas legales.
NO SIENTEN APOYO INSTITUCIONAL
El estudio también muestra que los médicos tienen la percepción que tienen poco apoyo institucional y por parte de sus compañeros. Así, un 88 por ciento de los encuestados no se sienten protegidos por las estructuras sanitarias de los problemas legales que pudieran tener con los pacientes, ni, en un 79,1 por ciento, con el respaldo de la dirección del centro. Sin embargo, un 67,6 por ciento sí perciben la comprensión y solidaridad del resto de médicos de su servicio.
La falta de herramientas para afrontar este tipo de situaciones es otra de las conclusiones que se extraen del estudio. Así, el 86,7 por ciento reconoce no tener los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar la mayoría de los problemas legales que se les presentan en los servicios de urgencias hospitalarios. Asimismo, un 60,6 por ciento se muestran desconocedores de las posibles consecuencias que puede acarrear la denuncia de un paciente.
En definitiva, casi la totalidad de los médicos encuestados, un 96,1 por ciento abogan por que se potencie la formación médico-legal con el fin de tener una preparación adecuada que les ayude a superar este tipo de situaciones.
Los datos se han obtenido a través de un cuestionario online dirigido a los médicos de estos servicios sanitarios, recabándose la opinión de 1.449 profesionales. Según la distribución por sexo, el 50,2 por ciento de los participantes son mujeres, y un 49,8 por ciento son hombres. Respecto a la distribución por edad destaca que el 47,6 por ciento de los encuestados superan los 50 años. Asimismo, el 90,8 por ciento de los profesionales que han respondido pertenecen a hospitales públicos y el 12,9 por ciento, a centros privados.
