MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido Socialista pretende garantizar que las comunidades autónomas destinen 3.000 millones de euros anuales durante la próxima legislatura, procedentes de la mejora del sistema de financiación, para enjugar su deuda sanitaria con los proveedores, según se recoge en su programa electoral para las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de noviembre que previsiblemente se aprobará este sábado, informaron a Europa Press fuentes del PSOE.
En este sentido, el programa apunta que se establecerán, "condicionadas a planes de saneamiento y liquidación de la deuda, líneas de crédito ICO en condiciones favorables para facilitar la amortización por las comunidades autónomas de su deuda", y se acordará con los gobierno regionales "los mecanismos contables y de control adecuados para que el problema de endeudamiento no vuelva a reproducirse en el futuro". Además, apoyarán que los presupuestos destinados a Sanidad sean finalistas y se creará una Agencia del Sistema Sanitario, como órgano coordinación y cohesión con las comunidades autónomas.
Asimismo, promete "más eficiencia en la gestión y gobierno y mejor servicio para el ciudadano, con el objetivo de invertir más y mejor en la salud de los ciudadanos". Para ello, avanza que se controlará el gasto sanitario "no necesario" y se dotará de recursos suficientes al sistema para garantizar un funcionamiento de calidad "en las áreas en que es más necesario".
En esta línea, los socialistas considerarán al sector privado como "complementario" del Sistema Nacional de Salud y, para ello, prevén regular a través de una nueva norma legal la colaboración privada en la prestación de servicios sanitarios públicos, "asegurando los criterios de calidad de la provisión privada sujeta a conciertos con el sector público, regulando de forma nítida los criterios de adjudicación del concierto, y protegiendo el patrimonio sanitario de la Seguridad Social, para evitar su privatización, así como la limitación estricta de la actividad privada en los centros públicos".
Las medidas que tienen previsto tomar para conseguir el equilibrio presupuestario y garantizar la suficiencia financiera del sistema sanitario público a corto y medio plazo "sin realizar recortes en las prestaciones y sin instaurar el copago sanitario" -aseguran--, pasan por medidas ya anunciadas por el candidato a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el aumento de los impuestos especiales sobre alcohol (salvo el vino y la cerveza) y tabaco, la mejora de la gestión de cobros del SNS a terceros y la eliminación de los beneficios fiscales del Impuesto sobre las Primas de Seguros de asistencia sanitaria y de enfermedad.
CONTINUAR CON LAS COMPRAS CENTRALIZADAS
Asimismo, se plantean abordar los costes estructurales, fomentando las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios, "aprovechando la Central de Compras creada en 2010" y políticas más eficientes de autorización y financiación selectiva de medicamentos, con las que 2.500 millones de euros.
En esta misma línea, se valorará la idoneidad de la adquisición de equipos y tecnologías asistenciales mediante la creación de un Instituto de Calidad y Excelencia Clínica; se contratará de forma conjunta o centralizada para todo el SNS servicios de mantenimiento (electromedicina, energía o ascensores) y de apoyo a la asistencia sanitaria (servicios radiológicos, sistemas de información asistenciales o sistemas de información de gestión) y se implantarán criterios comunes de eficiencia energética en todos los centros del SNS, y se negociarán contratos comunes de suministro energético.
Finalmente, respecto a los usuarios del sistema, los socialistas pretender desarrollar medidas que aumenten la conciencia social de respeto y responsabilidad en el uso de los servicios, tanto en los ciudadanos como en el personal sanitario, y un rechazo social hacia las actitudes de abuso. Para ello, aprobarán una Carta de derechos y deberes que promueva la utilización adecuada de los servicios. Al mismo tiempo, se articularán medidas para evitar el uso indebido de fármacos y las bajas laborales no justificadas, y se promoverá un acuerdo con las comunidades autónomas para reducir los abusos.
