MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
La iniciativa legislativa popular (ILP) de una viguesa enferma de cáncer, Beatriz Figueroa, ha alcanzado las 425.000 firmas a favor de una modificación de la Ley General de la Seguridad Social para mejorar la protección laboral de estos pacientes y lograr que se les pueda considerar en situación de incapacidad permanente hasta que se produzca una curación presumiblemente definitiva.
El pasado 8 de abril esta paciente con cáncer de mama entregó en el Congreso de los Diputados más de 378.000 firmas para mejorar la protección laboral de enfermos de cáncer. Para que una iniciativa legislativa popular (ILP) pueda ser debatida en el Pleno de la Cámara Baja necesita haber recabado 500.000 firmas en seis meses.
Tras haber cotizado a la Seguridad Social durante más de 20 años, Figueroa cayó enferma estando desempleada y, después de denegarle la incapacidad permanente tres veces durante el proceso, le dieron el alta sin estar curada. Y desde hace 36 meses sólo percibe 426 euros con los que debe hacer frente al 40 por ciento de los gastos de sus medicinas, en virtud del nuevo copago.
Una situación que le llevó en enero de 2014 a iniciar una campaña a través de la plataforma 'Change.org' para apoyar una propuesta legislativa elaborada por el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza, para solicitar un cambio normativo que ofreciera una protección especial a las personas enfermas de cáncer.
La propuesta establece que se considerará en situación de incapacidad permanente, en su caso una vez que haya agotado el plazo máximo de duración de la incapacidad temporal, a toda persona que haya sido diagnosticada de un carcinoma.
Asimismo, reza la propuesta, procederá esta calificación siempre hasta que se haya producido una curación presumiblemente definitiva, entendiéndose por tal la situación en la que las revisiones médicas derivadas de dicha enfermedad se prolonguen cuando menos en espacios de seis meses.
Esta inciativa ha sido tramitada como proposición no de ley y proposición de ley por la diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, integrada en el Grupo Mixto, y está previsto que sea debatida próximamente.
