Ciudadanos pide soluciones al Gobierno ante las deficiencias la factura farmacéutica de MUFACE

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Publicado 18/10/2017 18:43:27CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha pedido al Gobierno explicaciones ante las numerosas deficiencias en la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas con cargo a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) que ha destapado el Tribunal de Cuentas en su último informe, correspondiente al ejercicio de 2015, sobre esta materia.

En su informe, que se acaba de remitir a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press, se han desvelado asuntos como una lista de 600 personas que se benefician del sistema pese a no cotizar, 900 consumos excesivos de productos psicotrópicos, y un marco legal que, a diferencia del conjunto de los pacientes, permite graduar los requisitos de las recetas.

Respecto a los beneficiarios, el Tribunal de Cuentas ha detectado que MUFACE no hace comprobaciones sobre el requisito de convivencia con el titular y su nivel de ingresos, no efectúa cruces periódicos de datos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social ni facilita información sobre posibles duplicidades (derivadas de hechos tales como figurar en alta con el otro progenitor, estar en situación de desempleo o ser pensionista de viudedad u orfandad).

A 31 de diciembre de 2015, la Mutualidad tenía contabilizados 810 beneficiarios mayores de 14 años para los que no existía el "Identificador de Persona Física", 80 personas fallecidas y 565 personas que estaban en servicio activo pero sin que se esté cotizando por ellas: 40 no habían cotizado nunca a la Mutualidad y las otras 525 restantes llevaban tiempo sin hacerlo (una media de 40,39 meses).

HAY QUE CRUZAR LOS DATOS CON HACIENDA

En ese contexto, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aconseja "reforzar los controles, realizando contrastes periódicos entre las bases de datos de su colectivo, en particular en lo referente a los beneficiarios y titulares por derecho derivado, con la información de la Agencia Tributaria, para determinar el nivel de ingresos de dichos beneficiarios y titulares, y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para verificar si estos están acogidos a otro Régimen del Sistema de la Seguridad Social".

También se denuncia que el concierto de 2015 entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos no se adecua en su totalidad al decreto de 2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación, ya que dicho concierto incluye una graduación de la validez y admisibilidad de los requisitos exigidos en las recetas que no existe para la población general.

Aunque los servicios centrales de la Mutualidad envían mensualmente listados de posibles consumos excesivos de medicamentos, el Tribunal señala que no efectúan ningún seguimiento, ni tienen en cuenta las dosis máximas que fija la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para productos psicotrópicos. En la fiscalización se detectaron 892 consumos superiores a las dosis máximas para psicotrópicos, superando en 257 de estos consumos el 100% de la dosis máxima recomendada y en 30 supuestos el 200%.

Pero, además, el tribunal ha visto otros 395 consumos de medicamentos no controlados por la Mutualidad que excedían las dosis máximas recomendadas en los prospectos, de los que 34 de estos consumos excedieron incluso más del 100% de dichas dosis máximas.

De los 440 mutualistas con consumos excesivos detectados por la Mutualidad, sólo un 8% tenían asignadas alertas, lo que no garantiza la prevención.

SOLUCIÓN ANTE LOS SOBRECOSTES

Así las cosas, el Tribunal aboga por "mejorar y ampliar los controles establecidos para la detección y prevención de consumos excesivos de medicamentos, con objeto de evitar un uso irracional de los mismos, fijando unos límites de consumo en función del principio activo que integra cada medicamento".

Ante estas denuncias, Ciudadanos llama al Gobierno a exigir responsabilidades por los sobrecostes generados por esta mala gestión y le pide que traslade al sistema de mutualidad las recomendaciones sugeridas por el Tribunal de Cuentas. Finalmente, cuestiona al Ejecutivo sobre si piensa trasladar estas mismas recomendaciones a otros sistemas de mutualidad presentes en la Administración Pública.

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