MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha hecho público, con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Sanitarios, que se celebra este sábado, los datos del Observatorio de Agresiones a Profesionales Farmacéuticos en su primer año en funcionamiento, en el que se han notificado un total de 62 agresiones a profesionales farmacéuticos.
Del total de agresiones notificadas, el 88 por ciento se corresponden con agresiones verbales como amenazas, vejaciones, injurias o coacciones, y un 6 por ciento con agresiones físicas. En cuanto a los motivos de las agresiones notificadas, el principal es la negativa del farmacéutico a dispensar medicamentos sin la correspondiente receta médica en un 62,5 por ciento de los casos.
Problemas con la receta electrónica al no aparecer registrada la medicación que necesita el paciente, no aceptar la devolución de medicamentos ya retirados o no seguir las indicaciones higiénico sanitarias para acceder a la farmacia frente a la Covid-19 son también algunos de los motivos de las agresiones a farmacéuticos.
El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha recordado la importancia de notificar y denunciar las agresiones verbales y amenazas que se produzcan, no solo las físicas o los hechos delictivos claros como los hurtos o los robos.
"Es importante ir creando una cultura frente a las agresiones por parte de los farmacéuticos porque no estamos acostumbrados a poner denuncias por situaciones que vivimos en el día a día de la farmacia y que constituyen un delito", afirma Aguilar. De hecho, el Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos refleja que en el 77 por ciento de los casos notificados no se acudió a la policía ni tampoco se presentó denuncia.
Por su parte, el interlocutor policial sanitario de la Policía Nacional, Manuel Yanguas, ha incidido en que debe saberse que una agresión verbal a un profesional sanitario es un delito y es "denunciable". "Una agresión física o verbal que no se denuncia es un acto que no existe a los ojos de la administración y dificulta por tanto poder llevar a cabo acciones para evitar que vuelvan a producirse", señala Yanguas.
