MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Hasta 2.183 quejas relacionadas con la Sanidad ha gestionado el pasado año la Oficina del Defensor del Pueblo, lo que supone el triple que en 2019, según señala el Informe Anual 2020, siendo el motivo directamente señalado la emergencia sanitaria provocada por la covid-19, la actividad de las administraciones sanitarias y las decisiones de salud pública, en materia de contención y prevención de los contagios.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha presentado este jueves el último informe, donde afirma que "la crisis ha de servir para que la imprescindible reflexión sobre las carencias que hoy afectan al sistema sanitario", una reflexión que recuerda a lo largo del texto, es compartida por un gran número de expertos y organizaciones.
Así, espera que este cambio se produzca y dé paso a la materialización de "grandes acuerdos y medidas legislativas y administrativas concretas", que "ofrezcan solución a las debilidades constatadas y a la vez consoliden las fortalezas del sistema y hagan posible su modernización, mediante un incremento inteligente de la inversión en medios materiales y humanos".
"Creo que es importante, a la vista de la experiencia sufrida, fortalecer el sistema público de salud, y dentro de él la Atención primaria, la estructura hospitalaria, así como la creación de una agencia estatal de salud pública con capacidades suficientes de decisión y gestión", señala, recordando que algunas de estas actuaciones, ya fueron señaladas por esta institución en informes anteriores.
"Desde mi punto de vista es necesario evitar debates estériles, y en ocasiones oportunistas, que dificultan las tomas de decisiones adecuadamente estudiadas y consensuadas", advierte tras realizar un relato de lo ocurrido en la pandemia en materia sanitaria, donde queda claro que lo ocurrido ha puesto "contra las cuerdas" al Sistema Nacional de Salud, "la compleja y valiosa estructura sanitaria pública de España" que, considera, "vivido su peor crisis desde su creación", en 1986.
De cara al futuro insiste en la clarificación del carácter vinculante y normativo que deberían tener los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "evitando imágenes de algunas comunidades autónomas, manifestando reiteradamente su desvinculación respecto acuerdos adoptados por la mayoría de ellas".
"La asistencia sanitaria es uno de los servicios públicos más básicos que sostiene una de las columnas más importantes del Estado social establecido por nuestra Constitución. Y es muy evidente que la pandemia ha sometido al Sistema Nacional de Salud a toda una serie de tensiones, hasta ahora inéditas, dejándole poco margen de
reacción y mostrando apreciables debilidades, ciertas carencias de recursos y de medidas adecuadas de organización, previsión y planificación que son necesarias", advierte.
No obstante, recuerda que "no hacía falta una pandemia para que muchos de estos servicios se encontraran al borde del colapso, por la gran carga asistencial que soportan cíclicamente cada año (epidemia estacional de la gripe, periodos vacacionales, etc.)". Esta situación ha sido objeto de queja en numerosos informes de este organismo, hasta el punto de realizar un estudio conjunto de la institución con los defensores del pueblo autonómicos.
Asimismo, una vez más reconoce el "inmenso esfuerzo" de los profesionales sanitarios y de los trabajadores del sector de las residencias, aunque en esta ocasión por la pandemia; así como la gran tarea que están desarrollando las administraciones públicas, sus responsables y sus funcionarios, en los diferentes ámbitos, para paliar el golpe recibido y las consecuencias de la situación actual.
FRAGILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
La institución que dirige Fernández Marugán decidió iniciar de oficio actuaciones generales con todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, sobre la situación en cada territorio ante la crisis sanitaria, con el fin de conocer el esfuerzo de reorganización de sus recursos y de dotación de medios para detener la expansión de la epidemia y poder determinar aspectos de mejora. Así, ha observado la fragilidad del SNS en diferentes áreas.
En primer lugar de los servicios de urgencias hospitalarios, ya que "en las peores semanas de esta crisis, en las urgencias hospitalarias de muchos hospitales, y de forma extendida en los demás servicios críticos, se vivió un escenario de catástrofe"; la debilidad de la Atención Primaria también se ha venido señalando en los últimos informes anuales del Defensor del Pueblo.
En el informe correspondiente a 2018, se señalaba una infradotación presupuestaria de la atención primaria, con particular incidencia en la falta de personal y en las condiciones de precariedad laboral. "Hay una falta crónica de cobertura de plazas en muchos lugares, algo que afecta también a distintos ámbitos de la atención especializada, aunque en menor medida", señala.
Tacha de frágil también el problema de las listas de espera de especialidades. "Hace falta algo más de tiempo para conocer el verdadero impacto de la pandemia en este problema crónico, dado el retraso acumulado con carácter previo", advierte, asegurando que "cabe prever serias consecuencias para la salud de los ciudadanos".
También señala la Atención sociosanitaria, e incide, como en anteriores informes, en la necesidad de impulsar una cartera pública de atención sociosanitaria "sólida", que "ofrezca una asistencia mixta adecuada a las necesidades de los pacientes, especialmente mayores o con discapacidad, más dependientes y que requieren cuidados sanitarios y sociales prolongados".
Y finalmente apunta a la debilidad de la atención pública a la salud mental. El Defensor del Pueblo en estos últimos años también ha expresado en sus informes la preocupación por la insuficiente atención en este ámbito, que sitúa a España como uno de los países más rezagados de su entorno. "Sus carencias se están revelando con especial intensidad en estos meses por la imposibilidad de atender una demanda muy creciente, relacionada con los efectos psicosociales de la pandemia", señala.
El Defensor del Pueblo recuerda que ha iniciado actuaciones concretas con la Administración competentes cuando ha detectado cuestiones relacionadas con la emergencia sanitaria que requerían su intervención o una información más extensa y fundada. Además ha seguido actuando ante la Administración en aquellas quejas que planteaban problemas acuciantes al margen de la situación de emergencia como listas de espera, acceso a tratamientos especiales o medicamentos, problemas en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, peticiones de acceso a documentos o historiales clínicos, entre otras.
