MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un estudio académico con la participación de la Univesidad Pompeu Fabra (UPF), focalizado en una reforma de las pensiones en España, ha demostrado el impacto del retraso de la jubilación en la mortalidad, especialmente en cómo se ve afectada por restringir las opciones de jubilación anticipada.
El trabajo, publicado en una versión reducida a través de un post del blog de economía Nadaesgratis.es y como documento de trabajo por FEDEA, concluye que las reformas emprendidas basadas en aumentar la edad de jubilación pueden tener un impacto negativo sobre la supervivencia de determinados colectivos, especialmente para empleados en trabajos poco cualificados, físicamente y psicosocialmente exigentes, situados en la franja entre los 60 y los 69 años, generando desigualdades en el tiempo en la jubilación entre estos colectivos.
El estudio está elaborado por Sergi Jiménez-Martín, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la UPF y titular de la Cátedra FEDEA-la Caixa de Economía de la Salud y Hábitos de Vida, junto con Cristina Bellés-Obrero (primera autora) y Han Ye, ambas vinculadas a la Universidad de Mannheim (Alemania).
Según los investigadores, los efectos adversos sobre la supervivencia pueden mitigarse permitiendo la jubilación anticipada para ciertos tipos de individuos (con trabajos física o mentalmente agotadores) e introduciendo la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo para los trabajadores de más edad al final de su carrera contributiva.
"Un sistema de jubilación flexible, con prestaciones técnicamente ajustadas, puede ser la solución para mitigar el alto coste, en términos de salud, que impone restringir la jubilación anticipada, a la vez que se retrasa la edad normal de jubilación para muchos individuos", aseguran los autores.
El trabajo analiza una reforma de las pensiones en España del año 1967, que modificó exógenamente la edad de jubilación anticipada en función de la fecha en que los individuos comenzaron a cotizar en el sistema de seguridad social.
Las personas que cotizaron al sistema de pensiones antes del 1 de enero de 1967 podían solicitar voluntariamente una pensión a partir de los 60 años. En cambio, las que empezaron a cotizar después de 1967 sólo podían solicitar voluntariamente una pensión a los 65 años.
La investigadores utilizan una versión novedosa, disponible solo en la Sala Segura de Barcelona de la Seguridad Social, de los datos del panel administrativo de la Seguridad Social española que cubre el 10 por ciento de los nacidos entre 1938 y 1949 dados de alta en la Seguridad Social en cualquier momento hasta 2020. Se centran en una muestra de personas que empezaron a cotizar en 1966 y 1967 y comparan los que empezaron a cotizar hasta un año antes y después del 1 de enero de 1967.
¿CÓMO ESTA REFORMA PUEDE AFECTAR LA MORTALIDAD?
Los autores se preguntan qué impacto tendrá la pequeña diferencia en el año en el que empiezan a cotizar sobre, por ejemplo, las pautas de salida del mercado laboral y, por lo tanto, sobre la supervivencia de estas personas.
"Encontramos que la reforma retrasa, en promedio, la edad del último empleo de los que empezaron a cotizar en 1966 vs los que empezaron a cotizar en 1967 alrededor de medio año", afirman. Asimismo, la reforma aumentó la probabilidad de que las personas accedan a pensiones de invalidez, pensiones parciales y que no tengan pensión.
Además los autores concluyen que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en 4.2 puntos porcentuales (equivalente a un aumento relativo del 43%). Las respuestas de la mortalidad entre las edades en las que no se puede acceder a las pensiones públicas (60 y 64 años) son las más fuertes.
Por otro lado, el estudio analiza los posibles mecanismos que intervienen en el efecto perjudicial de retrasar la jubilación sobre la mortalidad, centrándose en cuatro dimensiones del entorno laboral: la carga física, la carga psicosocial, la autovaloración en el trabajo y el nivel de cualificación profesional.
Las personas que se sienten realizadas y reconocidas en su puesto de trabajo no experimentan un efecto negativo de mortalidad por un retraso en la salida del mercado laboral
Así, entre otros aspectos, determinan que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en 5,7 puntos porcentuales para las personas con trabajos de alta carga psicosocial, frente a los 2,8 puntos porcentuales para las personas con trabajos de baja carga psicosocial; asimismo, este retraso de un año aumenta el riesgo de morir en 5,4 puntos para los trabajadores de "cuello azul" (persona de clase trabajadora que realiza un trabajo manual) y solo 2,7 puntos para el resto.
Por último, los autores muestran que aquellas personas que se sienten realizadas y reconocidas en su puesto de trabajo no experimentan un efecto negativo de mortalidad por un retraso en la salida del mercado laboral.
