Un estudio señala la necesidad de una mayor inversión en la atención a la salud mental del colectivo LGTBIQ+

Archivo - Imagen de archivo de la bandera LGTBI.
Archivo - Imagen de archivo de la bandera LGTBI. - Wolfgang Kumm/dpa - Archivo
Publicado: miércoles, 28 junio 2023 18:44

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha evidenciado la necesidad de una mayor inversión para el apoyo y servicios públicos de atención a la salud mental para frenar el deterioro de la atención a la salud mental de la población LGTBIQ+.

El documento evidencia la necesidad de avanzar en distintas cuestiones dentro de este colectivo, como la salud mental, los discursos de odio o la prevención en drogas libre de estigmas.

Entre las conclusiones del estudio, realizado en 520 personas que se identifican dentro de las siglas LGTBIQ+, destaca que los servicios sociosanitarios cuenten con un acercamiento a la perspectiva de género y a la diversidad de género con el fin de mejorar el acceso de las personas LTGBIQ+ a los servicios de asistencia para evitar diagnósticos tardíos o el desarrollo de problemas de mayor gravedad en el largo plazo.

Los tres factores de protección más valorados por las personas participantes están relacionados con la seguridad y derechos de las personas LGTBIQ+ y son los siguientes: disponer de servicios educativos de salud/sociales públicos y gratuitos (427 respuestas), seguridad en espacios públicos y sociales (458 respuestas) y vivir en un estado que reconozca y garantice los derechos del colectivo (470 respuestas).

Complementariamente, el documento de UNAD señala la necesidad de capacitar en este mismo sentido a periodistas para así contribuir a eliminar el estigma público. También resalta que los discursos de odio penetran en toda la sociedad, llegando a quedar impunes en algunos casos.

La iniciativa, realizada a través de una alianza con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y cuenta con la colaboración de la Universidad de Oviedo y en su desarrollo también ha contado con la participación de las entidades Apoyo Positivo, ABD y Adhara.