MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un artículo publicado en la revista científica 'The Lancet', firmado entre otros por la exministra de Sanidad Leire Pajín y el director de Análisis de ISGlobal, Gonzalo Fanjul, asegura que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha demostrado que se puede dar una respuesta "humana" a la salud de los migrantes en España.
Y es que, tal y como se recuerda, en los pocos meses que lleva al frente del Ejecutivo español, Sánchez ya ha anunciado que va a devolver la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) para atender en las consultas de Atención Primaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular y, además, acogió a los inmigrantes del buque 'Aquarius', después de que Italia y Malta se negaran a recibirles.
"El nuevo gobierno español está enviando un mensaje claro al mundo de que es posible una respuesta humana y digna a la migración", señalan los autores en el artículo, entre los que se encuentran también la coordinadora general de Médicos del Mundo, Elena Urdaneta; y los profesores de salud pública europea en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Martin McKee y salud de los migrantes en Europa
Helena Legido-Quigley.
A lo largo del texto, los expertos recuerdan las diferentes leyes españolas en materia de sanidad, destacado que la Ley General de Salud de 1986 estableció el principio de universalidad de la asistencia sanitaria y que la Ley de Salud Pública de 2011 fijó la gratuidad para todas las personas que vivían en España, con independencia de su situación administrativa irregular. Unas normativas que, tal y como destacan, convirtieron a España es uno de los países "más acogedores" de Europa.
Sin embargo, lamentan que en el año 2012 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, y con Ana Mato como titular de la cartera de Sanidad, se aprobó el Real Decreto 16/2012 que, "eludiendo el proceso parlamentario", restringió el acceso a la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, quienes sólo podían ser atendidos en los servicios de Urgencias, a excepción de los menores, embarazadas y pacientes con tuberculosis.
"El gobierno buscó justificar esta medida por razones económicas, argumentando que el gasto público debía reducirse como consecuencia de la crisis financiera, que afectó gravemente a España. Sin embargo, el gobierno no presentó estimaciones de los ahorros que podían generarse y, de hecho, varios expertos avisaron de que restringir el acceso a la atención médica de los migrantes podría costar más", detallan los expertos en el artículo.
Además, apostillan, las preocupaciones se vieron "exacerbadas" por las restricciones en los servicios y la implantación de copagos a los ciudadanos, lo que generó la creación de movimientos sociales, como por ejemplo la Marea Blanca, y la convocatoria de diversas manifestaciones por las calles de España.
De hecho, algunas comunidades autónomas, como Valencia, Cataluña y Andalucía, negaron a cumplir el mandato del gobierno central, argumentando que hacerlo podría crear una crisis de salud pública, y, en aquellas donde sí implantaron el Real Decreto 16/2012 los profesionales de la salud se negaron a cumplirlo señalando que tenían el "deber ético" de tratar a los inmigrantes irregulares.
"El ejemplo español es, por lo tanto, uno en el que la política de acceso a la asistencia sanitaria por parte de los migrantes es totalmente ideológica. No se presentaron pruebas para justificar este cambio de política, y parece haber conducido a un número considerable de muertes evitables. Sin embargo, los acontecimientos recientes ofrecen esperanza. En junio de 2018, un nuevo gobierno español llegó al poder, el cual ha anunciado que se revocará el real decreto, al igual que otras medidas que han restringido los servicios y aumentado los copagos", zanjan los autores en el texto.
