MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha reclamado al Ministerio de Sanidad que se garantice la realización de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) en el Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que, hoy en día, la Ley del Aborto "discrimina a las mujeres según su lugar de residencia".
Precisamente, señalan que hay 12 provincias españolas en las que no se realizan abortos. "Por tanto, no es un derecho igual para todas las mujeres, ya que tienen que desplazarse a otra ciudad o Comunidad Autónoma, con lo que supone en cuanto a pérdida de algún día de trabajo y de gasto añadido por desplazamiento y estancia", han declarado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes.
Así, critican que el aborto "no se garantiza en la sanidad pública" a pesar de que la IVE está dentro de la cartera de servicios del SNS. Según la FADSP, estos abortos mayoritariamente se derivan a las clínicas acreditadas privadas.
De hecho, solo un 17,02 por ciento de los realizados en 2022 se llevaron a cabo en la sanidad pública, frente al 82,70 por ciento de los realizados en entidades privadas.
"La objeción de conciencia no debe ser un impedimento a la legalidad y las administraciones públicas deben garantizar su realización en la sanidad pública", han apostillado desde la Federación.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES TAMBIÉN AFECTA A LA SANIDAD
Por otro lado, destacan que la violencia contra las mujeres también afecta en la sanidad. "No decimos nada nuevo si hablamos de sesgos de género en el tratamiento, y en el aumento de la morbilidad y mortalidad evitable en las mujeres. El retraso diagnóstico es mayor en las mujeres que en los hombres y se ha identificado en al menos 700 enfermedades, con la única excepción de la osteoporosis", destacan desde la organización.
Por ello, piden que las estrategias nacionales establecidas consideren las diferencias de enfermar entre ambos sexos, tanto en los síntomas como en los signos.
Así, recuerdan que la violencia obstétrica, ampliable a gineco-obstétrica, se refiere a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, en el ámbito público o privado, que por acción u omisión son violentas o pueden ser percibidas como violentas. Aunque, aclara, no solo ocurre en estos procesos.
"Es una práctica invisibilizada y que tanto profesionales como en ocasiones las pacientes, no son conscientes o no la perciben como tal, unos por rutina y las otras por la relación de poder que se establece y la vulnerabilidad en el proceso", aclaran, para explicar que incluye "actos no apropiados o no consensuados" y que constituye "una discriminación de género" y representa "una violación de los derechos, enfocados desde la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer". Según la Federación, estas prácticas son "deshumanizantes" y constituyen un "verdadero problema" de salud pública.
Por todo ello, piden la eliminación de todo tipo de violencias en el ámbito sanitario, formando a los profesionales en su detección, incluyendo programas que ayuden a ello tanto en las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, como en la formación. Por último, FADSP insta a las mujeres a ser partícipes de sus procesos y, con respeto, "saberse respetar y respetadas".
