MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Tres de cada cuatro mujeres con problema mental sufre violencia de género, según se recoge en el 'Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las personas con trastorno mental en España 2017', elaborado por la Confederación Salud Mental España.
Este documento, con el que la asociación critica las principales vulneraciones de derechos humanos de personas con problemas de salud mental, recopila las denuncias recogidas por el servicio de asesoría jurídica de Salud Mental España a lo largo del año 2017.
El informe, editado por tercer año de forma consecutiva, insta a prevenir y eliminar la discriminación, ya que "las personas con problemas de salud mental constituyen uno de los colectivos más susceptibles de sufrir situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad".
En particular, recoge que la perspectiva de género "continúa siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la salud mental", ya que, a juicio de la asociación, "no se cumplen los estándares internacionales". "Este enfoque continúa excluido en materia de salud mental de manera injustificable", lamentan.
"Las mujeres con problemas de salud mental se encuentran en ese estadio de la lucha por sus derechos en el que se cuestiona sistemáticamente su condición de víctimas bajo argumentos tales como que su relato no es veraz debido a su problema de salud mental", asegura la asesora jurídica de la asociación, Irene Muñoz, quien critica que estas mujeres "se encuentran desprotegidas y excluidas de los recursos, incluso en las ocasiones en las que se constata la violencia, y sus derechos quedan desamparados".
A esto, añade, "muchas mujeres y niñas con trastorno mental se les priva de su derecho a fundar una familia y, aún más, se llega incluso a dañar su integridad corporal". Por ejemplo, cita que prácticas como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo (sin su consentimiento) continúan vigentes en España, efectuándose bajo el paraguas de "lo que es mejor para ellas", según se asegura en el informe.
INGRESOS INVOLUNTARIOS Y OTRAS "MEDIDAS RESTRICTIVAS"
En el capítulo 'Derecho a la libertad y seguridad', el informe asegura que en España sigue siendo "una práctica habitual" los tratamientos forzados y la medicación administrada sin el consentimiento de la persona o en contra de su voluntad, así como la denominada 'terapia electroconvulsiva' y medidas restrictivas como el ingreso involuntario, los aislamientos o las contenciones mecánicas.
A este respecto, lamentan que no haya "un protocolo de actuación único ni normas mínimas a nivel estatal". El informe recoge como ejemplos de vulneraciones el fallecimiento de varias personas a las que les habían aplicado contenciones mecánicas en hospitales psiquiátricos de Asturias y Galicia, así como la falta de asistencia psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
"SITUACIONES QUE DEBERÍAN ESTAR SUPERADAS"
Según explica el presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, en España "todavía se siguen produciendo acontecimientos que deberían estar superados casi a diario y en diferentes formas y contextos".
En la misma línea, Muñoz ha sostenido que la forma en que España "incumple" la normativa internacional que protege los derechos de las personas con problemas de salud mental se basa en la "predominancia de una mentalidad que lleva a ver como 'normal' lo que en realidad constituyen graves vulneraciones de derechos humanos". Muñoz explica que esto da lugar al estigma "que alimenta el prejuicio y conduce a conductas discriminatorias".
Entre otras cosas, el informe critica "la falta de adecuación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la desconsideración de la doble vertiente social y sanitaria que tiene esta materia, o la carencia de garantías para que la persona ingresada acceda a la justicia en igualdad de condiciones con las demás".
