MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha solicitado a las comunidades autónomas que parte del fondo autonómico para sanidad se dedique a la compensación de la actividad que ha realizado el sector sanitario privado en la pandemia del nuevo coronavirus.
Asimismo, ha recordado que ha solicitado su incorporación y participación en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica por entender su papel como fundamental en la batalla contra la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.
Y es que, los centros hospitalarios privados han asumido y asumen la atención sanitaria de más de 25.000 pacientes de COVID-19 hospitalizados y han atendido a unos 1.200 pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) llegando a duplicar estas unidades en zonas como Madrid y Barcelona.
"Y todo ello con una colaboración total y absoluta desde la declaración del Estado de Alarma, permaneciendo a plena disposición tanto del Ministerio de Sanidad como de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la decisión del Congreso es que la sanidad privada no participe en dicha Comisión constituida por el Congreso de los Diputados", ha dicho ASPE.
En este sentido, la patronal del sector sanitario privado ha recordado que esta disposición de los recursos se ha facilitado desde antes de que se declarara el estado de alarma mediante una interlocución constante con las autoridades sanitarias, poniendo a su disposición todos sus recursos humanos, materiales, instalaciones o inventarios.
"La sanidad privada ha vivido tres escenarios muy distintos: en primer lugar, se han encontrado los centros que han vivido la pandemia al 150 por ciento de su capacidad; asimismo en otras zonas se les ha utilizado como circuito limpio para que la red pública atendiera a los pacientes infectados; y por último, en aquellos territorios en los que la incidencia de infectados ha sido muy baja, la sanidad privada solo ha atendido pacientes COVID por derivación de las mutuas y aseguradoras sin que fuera necesaria la derivación por parte de los centros públicos", ha apostillado.
Sin embargo, prosigue, todas ellas tienen un denominador común, la desprogramación asistencial no urgente o preferente generando por consiguiente que la facturación de estos centros haya caído por encima del 85 por ciento durante los meses centrales de la crisis.
En cuanto a la vuelta a la actividad, la mayoría de las comunidades autónomas han retomado su asistencia ambulatoria y las cirugías programadas, aunque su actividad global no supera el 30-40 por ciento en el grueso de los territorios por la incertidumbre de los pacientes de si reprogramar su consulta.
No obstante, ASPE ha destacado se ha implantado la diferenciación de circuitos para garantizar espacios seguros que eviten las aglomeraciones y faciliten el distanciamiento social recomendado. "La mayoría de los centros hospitalarios privados se hallan en estos momentos sin atención a pacientes COVID-19", ha apostillado.
RECONSTRUCCIÓN TRAS LA CRISIS SANITARIA
En este contexto, y de cara a un posible rebrote en otoño, la patronal considera fundamental su participación en la Comisión de Reconstrucción, en la que entiende que se han de abordar desde la forma de actuar ante un nuevo rebrote hasta la reconstrucción de un sector de gran peso económico que se ha visto "especialmente afectado" por la crisis, ya que la declaración de servicio esencial, la imposibilidad de aplicar medidas de reorganización laboral y la desprogramación de la actividad salvo aquella de carácter urgente y preferente hacen a este sector único en cuanto a afectación económica.
"La sanidad privada asume una contingencia de enorme calado ante el riesgo de que las autoridades no reconozcan su participación y ayuden en el sustento económico de los centros, tanto aquellos que han tenido una participación activa en la lucha contra el Covid-19, como aquellos que han puesto sus recursos a disposición de las administraciones", ha señalado el presidente de ASPE, Carlos Rus.
Por otra parte, la organización ha señalado que el Gobierno destinará 10.000 millones de euros a cubrir el gasto sanitario de las comunidades, de los cuales 6.000 millones se pagarán a corto plazo y los otros 4.000 millones en el segundo semestre del año. El fondo se encuentra pendiente de aprobación por real decreto donde se establecerán los criterios de reparto.
En este sentido, y una vez se conozcan esos criterios, ASPE ha solicitado a las CCAA que parte de estos fondos se dediquen a la compensación por la actividad de la sanidad privada en la pandemia, así como por la puesta a disposición de todos sus recursos. Para ello, ASPE y sus asociaciones territoriales, van a iniciar contactos con las consejerías de Salud de todas las comunidades autónomas.
"Este país y sus gobiernos autonómicos no deben desamparar a las empresas que lo han dado todo cuando así ha sido necesario. No entendemos que miles de empresas y cientos de miles de empleos deban pagar un castigo inmerecido cuando de facto han dado un servicio público, que debe ser respaldado con medidas que favorezcan nuestra supervivencia y no poner así en riesgo la continuidad asistencial de los hospitales en primera línea de lucha en la pandemia, así como del resto de centros sanitarios", ha zanjado Rus.
