MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Observatorio de Salud Comunitaria ha pedido a políticos y gestores de los sistemas sanitarios que tengan en cuenta la influencia que los determinantes sociales y las condiciones de vida de cada población y territorio están teniendo en el desarrollo de la pandemia. Así, propone cinco medidas complementarias para orientar las acciones contra la Covid-19.
Las medias están incluidas n el manifiesto 'Covid-19: Una respuesta comunitaria para una pandemia social', que cuenta con la adhesión de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Movimiento ATD Cuarto Mundo (Madrid), Centro 'Marie Langer', de desarrollo en Salud Comunitaria (Madrid, Euzkadi, Andalucía, Argentina, Cuba), Associació Cultural el Raval (Barcelona), PACAP Comunidad de Madrid (Madrid), Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria SAMFyC (Andalucía), Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y Comunitaria SCMFYC (Cantabria), Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria Comunidad Valenciana (Valencia) y Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia (Murcia).
"Dada la emergencia, es imprescindible adoptar acciones concretas con carácter urgente adaptadas a las muy distintas necesidades de territorios y grupos de población. Sería eficaz dar protagonismo a la ciudadanía y sus organizaciones permitiendo su empoderamiento, entendiendo que forman parte de la solución y no del problema. Existen muchos ejemplos en los que asociaciones y redes ciudadanas han sido fundamentales para dar soporte a grupos vulnerables a los que la pandemia está castigando duramente", señalan.
La primera medida es la asignación de recursos económicos, humanos y materiales potenciando los servicios públicos en función de las necesidades adaptadas a cada circunstancia y contexto, con especial énfasis en los grupos vulnerables y con un enfoque para reducir las inequidades en salud.
En segundo lugar, propone identificar y reconocer las redes comunitarias que deben participar en el diseño e implementación de acciones en cada territorio, así como asignar recursos y herramientas que faciliten los procesos que lo permitan.
Asimismo, defiende cambiar la orientación de la información y recomendaciones a la ciudadanía por los organismos públicos y medios de comunicación huyendo de la estigmatización; informar sobre los determinantes sociales y las condiciones de vida que dificultan de forma muy desigual el seguir las recomendaciones de prevención; y desarrollar políticas de promoción de salud con participación de ciudadanos y organizaciones.
Por otro lado, revertir la tendencia hospitalocentrista en la asignación de presupuestos y aumentar la inversión finalista destinada a Atención Primaria adaptando la asignación de recursos humanos, materiales y económicos en función de las necesidades y la complejidad de cada territorio, haciendo posible los cambios estructurales y organizativos que permitan a los centros de salud volver a poner el foco en las comunidades.
Y, finalmente, dotar de los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para que puedan existir espacios de trabajo y cooperación efectivos entre los servicios de salud pública, los ayuntamientos y atención primaria; retomar de forma efectiva los consejos de salud como espacios comunitarios de especial relevancia en la vida comunitaria de los barrios; y aumentar la inversión en servicios de salud pública que los hagan potentes y efectivos, fomentando contrataciones y condiciones laborales atractivas para crear servicios que puedan dar respuesta a las necesidades de cada territorio con un mayor enfoque en epidemiología social y estrategias de promoción de la salud.