MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) ha mostrado su "rechazo" a la "imposición judicial" del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón de la Plana, que ha obligado al Hospital de la Plana a permitir la aplicación de ozono por vía rectal, nasogástrica y endovenosa a un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) por COVID-19.
FACME, que muestra su "total apoyo" a los profesionales del centro de Castellón, denuncia que se trata de la administración de un tratamiento "no aprobado en esta indicación por parte de las autoridades sanitarias de ningún país, ya que no se ha acreditado su eficacia y seguridad en humanos, además de no tenerse en cuenta el criterio clínico y ético del personal del servicio responsable de la atención del paciente, que sigue las indicaciones de tratamiento aconsejado por las guías clínicas basadas en la evidencia".
Así, exhiben su "preocupación" sobre las consecuencias que pueden desencadenarse tras la decisión tomada por las autoridades judiciales, puesto que "está basada en un supuesto 'beneficio potencial' pero no se ha tenido en cuenta la posibilidad de un 'perjuicio potencial', presentes en todas las medidas terapéuticas (balance riesgo-beneficio)". Consideran, por tanto, que puede suponer un "precedente peligroso de solicitud de tratamientos no aprobados o de pseudoterapias en otras enfermedades que asienta esta admisión de la demanda".
"La única manera de probar un tratamiento nuevo es con un ensayo clínico aleatorizado que cumpla todos los requisitos médico-legales y éticos", remachan al respecto.
