MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), Médicos del Mundo y Yo Sí Sanidad Universal han denunciado más de 1.300 casos de exclusión sanitaria desde la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, que entró en vigor el pasado 31 de julio de 2018 con la intención de recuperar el carácter universal del Sistema Nacional de Salud (SNS).
"Hemos tenido constancia, al menos, de 1.358 casos. Entre ellos, 55 mujeres embarazadas, 116 menores, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en Urgencias, 35 personas reagrupadas o 626 que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas. No han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como 23 casos de cáncer, 22 de enfermedades cardiovasculares, 24 de diabetes, 21 de hipertensión, 12 de VIH o 14 de salud mental grave", reza su manifiesto, que han leído este martes en un acto reivindicativo frente a la sede del Ministerio, donde han construido un muro que simboliza dichas barreras.
Las organizaciones reivindican que "no son casos aislados, sino una profunda falla del sistema que urge corregir". Para ellos, el principal responsable de esta situación es Sanidad. "Lamentamos que hayan ignorado repetidamente las sugerencias y recomendaciones que hemos trasladado. Miles de personas siguen sin poder acceder a los servicios básicos de salud y, por tanto, siguen sufriendo exclusión sanitaria. Es urgente una regulación garantista, sin distinción de ningún tipo. Solo así podremos llamar universal a nuestro SNS. Es hora de derribar el muro de la exclusión sanitaria de una vez por todas", reivindican.
Como han hecho en otras ocasiones, aseguran que la nueva legislación vigente "no garantiza" la atención de extranjeros en gran vulnerabilidad como embarazadas, menores, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en Urgencias hasta el alta médica. Además, rechazan que el Gobierno "se ha negado" a abordar la exclusión de personas mayores que llegan a España en reagrupación familiar para vivir con sus hijos. En una sentencia en junio, el Tribunal Supremo esgrimió que la concesión de la tarjeta de residencia temporal de familiar "no supone la existencia automática" del derecho a la asistencia sanitaria.
Tras este fallo judicial, estas asociaciones piden al Gobierno "una modificación legislativa urgente que garantice el acceso al sistema sanitario para este colectivo, cuya edad avanzada y frágil estado de salud no admite dilaciones". "La nueva regulación es claramente insuficiente, ya que no solo no recupera el nivel de acceso previo a 2012, sino que, en algunos aspectos, es incluso regresiva al no mencionar expresamente y sin excepción la atención sanitaria de extranjeros reagrupados en vulnerabilidad", argumentan.
En este sentido, cargan contra la "ambigüedad" del texto aprobado en julio del año pasado, así como la introducción de condicionantes como la estancia superior a 90 días, la obligación de aportar documentación "de difícil obtención como el certificado de no exportación del derecho", o la exigencia de que no exista un tercero obligado al pago, como por ejemplo un seguro médico. "Son una puerta abierta a la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras infranqueables para muchas personas", defienden.
CASOS DE "EXCLUSIÓN"
Junto a la lectura del manifiesto, las organizaciones también han reunido a varias personas afectadas por esta regulación, que han compartido sus testimonios y, al final del acto, han derribado el muro simbólico levantado frente al Ministerio. Entre ellas Francisca, una joven chilena que llegó a España junto con su marido el pasado mes de abril, cuando estaba embarazada de cinco meses. Según sus propias palabras, durante dos meses no tuvo acceso a la asistencia, por lo que no recibió atención en España hasta el séptimo mes de gestación.
Otro de los casos denunciados es el de la madre de Adriana, una venezolana que llegó a España en 2017 dentro de un proceso de reagrupación familiar. Cuando aterrizó, se le denegó la tarjeta sanitaria para su madre en base a la normativa vigente. Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, volvió a solicitarla pero se la denegaron una vez más, ha reivindicado. Tras ganar un juicio a la Seguridad Social, finalmente la consiguió, pero ahora asegura que teme perderla por la reciente sentencia del Supremo.
Las organizaciones también han manifestado su malestar por el caso de José, otro venezolano de 36 años que llegó en mayo del año pasado. Consiguió el asilo y, por tanto, se le concedió la tarjeta roja. En enero, acudió a las Urgencias del Hospital de Getafe por un fuerte dolor abdominal y diarrea. Tras volver a casa después de su ingreso hospitalario, recibió una factura de 175 euros. Se negó a pagarlos, interpuso un recurso y ahora está a la espera de la resolución definitiva.
