MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Con motivo de este primer año desde el inicio de las restricciones por la COVID-19, la Confederación Salud Mental España lanza, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación ONCE, la campaña 'Salud mental y COVID-19. Un año de pandemia', con el objetivo de visibilizar cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de la población española, así como para reivindicar y proponer medidas que ayuden a la mejora de esta situación.
Así, el presidente de la confederación, Nel González Zapico, alerta de la precarización y la falta de recursos en la atención a la salud mental en España, acrecentada durante la pandemia. "La salud mental de la población española ha caído en picado durante la pandemia y debajo no hay red", sentencia.
La campaña que lanza la organización incluye, además de una serie de infografías para difundir en redes sociales, un documento que recopila resultados de varias investigaciones sobre salud mental en pandemia, las distintas acciones llevadas a cabo por la entidad para ayudar y apoyar a la población y algunos sectores profesionales en la gestión emocional, y sus principales demandas, dirigidas a las administraciones públicas. Asimismo, Salud Mental España ha elaborado un manifiesto en el que recoge sus principales reivindicaciones y propuestas.
En estos doce meses la incertidumbre, el miedo, los fallecimientos, las pérdidas de empleos, el propio confinamiento y la convivencia ininterrumpida, o la soledad, son algunas de las situaciones que han hecho merma en la salud mental de la población, especialmente en las personas con menos recursos económicos.
Concretamente, según los datos publicados recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el porcentaje de personas de clase baja que se han sentido decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia casi duplica al de aquellas que se identifican con la clase alta (32,7% frente a 17,1%). Destaca igualmente la prescripción de consumo de psicofármacos, de un 3,6 por ciento en la clase alta, frente a un 9,8 por ciento de la clase baja.
GRUPOS DE POBLACIÓN MÁS AFECTADOS
Precisamente, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, y en especial con discapacidad psicosocial, son algunos de los grupos de población que han visto más afectada su salud mental durante este año. Por otro lado, las personas de 18 a 34 años son las que han frecuentado más los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación. En esta línea, el CIS también señala que más del doble de las personas que han acudido a los servicios de salud mental son mujeres.
Asimismo, las desigualdades y discriminaciones en el ámbito profesional, la carga de responsabilidades familiares y de cuidado o la violencia de género han sido algunos de los principales factores que han provocado o agravado los problemas de salud mental en la población femenina.
De hecho, un estudio realizado en varios centros hospitalarios indica que, en los meses de la pandemia, la prevalencia de la ansiedad en las mujeres ha sido del 33 por ciento y la de la depresión, del 28 por ciento, y destaca que uno de los principales factores de riesgo de sufrir ansiedad y depresión es ser mujer.
En cuanto a las personas con discapacidad, un estudio de Fundación ONCE reveló que un 50 por ciento de las personas con discapacidad señala que su estado de ánimo ha emporado desde que empezó el estado de alarma. Un 34 por ciento de las personas con discapacidad ha consumido ansiolíticos y/o antidepresivos durante el confinamiento. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, la cifra se eleva al 62,4 por ciento.
Más allá de España, en Europa, según la OMS, los problemas de salud han aumentado durante la pandemia, observándose un claro aumento en los niveles de ansiedad y estrés, con varias encuestas que muestran que alrededor de un tercio de las personas adultas adultos reporta niveles de angustia. Entre la población más joven, esa cifra llega a 1 de cada 2 personas.
Frente a estas cifras que evidencian que la salud mental de la población está sufriendo, el presidente de Confederación Salud Mental España apela a la Comisión Europea a "agilizar" el debate político sobre la salud mental. "Urge que Europa se implique y haga las recomendaciones oportunas a los Estados miembros para que prioricen la inversión a la atención a la salud mental", apunta.
Además, González Zapico advierte de que, si antes de la pandemia había diferencias entre los países en el trato a la salud mental, ahora esa diferencia es aún mayor. Por ello, desde Salud Mental España se reivindica que "se hable de la salud mental en las instituciones europeas, porque es un tema olvidado y que se debe priorizar".
En Europa, los grupos específicos que se han visto especialmente expuestos a un riesgo como resultado de un acceso limitado a los servicios de salud mental, una disminución del contacto social o una actividad económica restringida, incluyen a las poblaciones de personas migrantes y refugiadas, las personas sin hogar, los niños, niñas y adolescentes sin escolarizar, las personas trabajadoras recientemente desempleadas, personas mayores confinadas en su lugar de residencia, así como personas con problemas de salud mental preexistentes y discapacidades psicosociales, cognitivas o intelectuales.
Por todo ello, González Zapico apremia también a las administraciones nacionales a que "acometan políticas y medidas que impliquen una mayor inversión en recursos materiales, tecnológicos y profesionales para asegurar el acceso a una atención en salud mental universal y pública", ha demandado. "Si la pandemia ha demostrado algo, es que la salud mental es cosa de todos y todas y que puede afectar a cualquiera, por lo que aseveramos que es más urgente que nunca prestarle la atención que merece, si queremos lograr realmente una reconstrucción social y económica", ha añadido.
En esta línea, el manifiesto de la confederación apela a adoptar medidas transversales y desde una perspectiva de género que garanticen no solo una atención pública y universal de la salud mental, sino también un modelo de dicha atención comunitario, personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona. Esto, tal y como también recoge el manifiesto, requiere de mayor inversión en profesionales, instalaciones, tecnología, así como de un plan de coordinación para el trabajo en red de administraciones públicas, servicios de atención y otras organizaciones especializadas en salud mental.
