MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Salud Mental España ha lamentado este jueves la "vulneración sistemática" de los derechos de los menores de edad en el ámbito de la atención a la salud mental, a pesar de que en los últimos años este grupo de edad ha ido experimentando un aumento de este tipo de problemas, vinculados a cargas psicosociales, económicas y de salud física.
"Si echamos la vista atrás y analizamos aquellos primeros informes, nos damos cuenta de que, en muchos aspectos, la situación apenas ha evolucionado. Queda mucho por hacer: las vulneraciones de derechos están a la orden del día", ha afirmado el presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico.
El informe publicado por la organización se ha hecho eco de los datos del Barómetro de UNICEF España, destacando que el 41,1 por ciento de las personas de entre 13 y 18 años manifiesta o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año.
A pesar de ello, más de la mitad no ha llegado a pedir ayuda, y un 56 por ciento ha rechazado buscar ayuda en su centro educativo debido a su desconfianza en el profesorado o los orientadores; cuatro de cada diez tampoco pide ayuda porque no sabe a quién acudir.
Todo ello está relacionado con la cuestión de la violencia y la carencia de atención especializada a menores, lo que da lugar a la contención, el aislamiento y la sobremedicación de los menores, motivo por el que la asesora jurídica de la Confederación y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Salud Mental España, Irene Muñoz Escandell, ha reclamado medidas alternativas.
"Existen otro tipo de medidas menos lesivas, pero para ello es preciso aplicar un nuevo paradigma de cuidados en los términos que se detallan en el informe", ha señalado Muñoz.
En el texto también se plantean medidas "urgentes" tales como el fortalecimiento de los programas y servicios de prevención, detección precoz y atención de la salud mental para menores en Atención Primaria y en los sistemas sanitarios autonómicos; así como crear una red específica y especializada de salud mental de calidad para la atención de 0 a 18 años; y realizar actuaciones para alcanzar las cero contenciones.
Para ello, se ha señalado como "clave" impulsar la regulación y la formación habilitante de la figura de Coordinación de Bienestar y Protección de la Infancia establecida en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; así como sensibilizar sobre salud mental y estigma a través de una asignatura de educación emocional en las escuelas.
"En nuestra sociedad, muchos de los malestares que sufrimos tienen un componente político, es decir, provienen de las estructuras y exigen, por tanto, cambios estructurales impulsados desde la voluntad política", ha afirmado Muñoz.
SINHOGARISMO, INFRAVIVIENDA Y BARRERAS EN EL EMPLEO
Entre estos componentes se encuentran la dificultad para acceder a una vivienda digna, lo que a su vez se relaciona con el "incremento de personas" que no pueden acceder a un empleo y que, por tanto, se ven "abocadas a vivir en la calle", exponiéndose a sufrir problemas de salud mental, entre muchos otros.
Es por ello por lo que en el informe se recomienda dotar de una mayor flexibilidad a los recursos del sistema sanitario de atención a la salud mental para que las personas sin hogar puedan generar adherencia a estos.
Asimismo, se ha resaltado la importancia de aplicar una visión multidimensional sobre la exclusión residencial de las mujeres, y de explorar otras situaciones de vivienda insegura o vivienda inadecuada.
La Confederación ha denunciado igualmente que el estigma asociado a la salud mental provoca barreras "invisibles y prácticamente imposibles de sortear", lo que impide la promoción de un empleo "sostenible" para las personas con este tipo de problemas.
Para acabar con esta situación, el informe enumera algunas medidas como impulsar políticas inclusivas en el empleo, orientadas a personas con problemas de salud mental y garantizando la igualdad de trato dentro del cupo de reserva; así como capacitar a los agentes empleadores, tanto en el ámbito público como en el privado, en materia de salud mental.
Dentro del texto se ha incluido un apartado dedicado a exponer la sobrecarga mental de las mujeres en el trabajo, relacionada con el estrés y las largas jornadas laborales, la mayor carga de responsabilidades en las tareas del hogar, el sometimiento a una situación de inseguridad en el puesto de trabajo y el trabajo con dolor, recomendando tomar medidas que fomenten la flexibilidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal.
Esta situación se ve agravada por la violencia machista, y es que el 81 por ciento de las mujeres que había sufrido violencia de género también padecía problemas de salud mental, agravados por el aislamiento y la falta de recursos en entornos rurales, según un informe de la Federación Salud Mental Castilla y León, a raíz del cual se ha apostado por estrategias de bienestar emocional como el empoderamiento de las mujeres, la creación de redes de apoyo y la prevención de la violencia de género.
PROBLEMAS DE CAPACIDAD JURÍDICA
El informe también detalla una "serie de problemas" detectados en la implementación de la Ley 8/2021, que instauró un nuevo sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Asimismo, se ha apuntado que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el internamiento forzoso autorizado judicialmente, supone una "clara vulneración" de lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, haciendo que, desde el momento en que una persona debuta con una primera crisis, sea tratada como una "verdadera incapaz a la que no le corresponde la toma de decisión sobre su salud y su libertad".
Es por ello por lo que la Confederación ha reclamado la formación de operadores jurídicos; crear un sistema de apoyo flexible y proporcional a las necesidades de cada persona con discapacidad psicosocial; crear un protocolo de acceso a la justicia que contribuya al ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y contemple las diferentes especificidades y ajustes procedimentales; proceder al desarrollo reglamentario de la figura de la persona facilitadora, que se ha de extender a todos los territorios, y que ha de contemplar a las personas con problemas de salud mental; y promover las voluntades anticipadas.
REGULACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD PSICOSOCIAL
En el documento también se pide una regulación de la accesibilidad psicosocial para poder contar con entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permitan la acogida y la inclusión de las personas con problemas de salud mental.
Para ello, Salud Mental España ha propuesto modificar el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como aprobar el correspondiente Reglamento para establecer la accesibilidad psicosocial.
De cara a garantizar una atención a la salud mental de calidad, la organización ha reclamado igualmente adoptar una perspectiva basada en los Derechos Humanos; poner a las personas en el centro del sistema sanitario e incorporar a las que tienen experiencia propia en salud mental como sujetos activos y no como objetos de tratamiento; apostar por un enfoque preventivo y la detección temprana; reforzar la Atención Primaria como puerta de acceso a la atención en salud mental; y desarrollar sistemas abiertos en las Unidades Hospitalarias de Agudos.
