FNETH y COCEMFE alertan sobre las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a la salud
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 89,4 por ciento de las personas con discapacidad física y orgánica no accede a rehabilitación a través de la sanidad pública, según dos estudios publicados por la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), que han lanzado la campaña '#SumandoCuidados' para visibilizar las principales brechas y retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en España.
Estas personas se enfrentan a barreras "estructurales y sistemáticas que vulneran" su derecho a la salud, y es que aún persisten dificultades de acceso por falta de accesibilidad física y digital, desigualdades territoriales, copagos elevados, carencias en salud mental, ausencia de continuidad asistencial y una visión "excesivamente biomédica" que no atiende al bienestar integral de estas personas.
Así se desprende del 'Informe sombra en el marco de la revisión periódica de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad: La brecha de derechos en salud de las personas con discapacidad física y orgánica' y 'Estudio sobre los factores condicionantes del acceso a tratamientos y terapias adecuadas en las personas con discapacidad física y orgánica en España', en los que se muestra que un 10 por ciento ha afirmado sentirse discriminado en los servicios sanitarios.
El 84,7 por ciento tampoco recibe rehabilitación por ninguna vía, mientras que el 88,5 por ciento no accede a apoyo psicoterapéutico; además; además, los elevados copagos y la falta de financiación de medicamentos esenciales generan un sobrecoste que limita el acceso a tratamientos, especialmente en enfermedades raras o crónicas.
Esta situación se suma a la falta de formación del personal sanitario en trato inclusivo y de recursos para proporcionar una atención adecuada, la exclusión en programas de salud pública y la ausencia de una regulación estatal que garantice la rehabilitación como derecho universal, a la precariedad económica o a la exclusión social, que puede afectar en la salud física, mental y emocional de las personas con discapacidad.
"No se puede hablar de un sistema sanitario justo si las personas con discapacidad seguimos enfrentando tantas barreras para acceder a los tratamientos que necesitamos", ha señalado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, por lo que ha instado a realizar una transformación "urgente" del sistema de salud para que cumpla con los principios de accesibilidad, equidad, calidad y universalidad recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Por su parte, la presidenta de FNETH, Eva Pérez Bech, ha denunciado esta "inaceptable" realidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad física y orgánica en el acceso a la salud.
"Necesitamos una sanidad equitativa, accesible y centrada en las personas, que garantice su derecho a los tratamientos", ha reclamado Pérez Bech.
Por todo ello, las dos asociaciones ha propuesto eliminar las barreras arquitectónicas y digitales en centros sanitarios; garantizar la equidad territorial en el acceso a tratamientos, rehabilitación y dispositivos de apoyo; reforzar la salud mental; asegurar la asequibilidad de medicamentos; y proporcionar al personal sanitario todas las herramientas que necesitan para poder ofrecer un trato inclusivo.
Estas medidas deben ser acompañadas por una mejor financiación de los servicios de salud, un aumento de la concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad y el fomento de su participación en la toma de decisiones relacionadas con una atención a la salud adecuada.
"Las barreras económicas, los largos tiempos de espera para diagnósticos y tratamientos, la falta de financiación y cobertura de medicamentos y terapias, la falta de información, la accesibilidad limitada, la discriminación percibida y la baja participación en decisiones que afectan su salud refuerzan la sensación de abandono", han señalado.
La mencionada campaña ha sido financiada a través de las subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y la subvención nominativa a favor de COCEMFE para la aplicación efectiva de derechos.
