MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Instituto O'Neill de Derecho Sanitario Nacional y Mundial de la Universidad de Georgetown han lanzado 'COVID-19 Law Lab', una iniciativa que reúne y comparte documentos jurídicos de más de 190 países de todo el mundo para ayudar a los Estados a establecer y aplicar marcos jurídicos sólidos para gestionar la pandemia.
El objetivo es asegurar que las leyes protejan la salud y el bienestar de los individuos y las comunidades y que se adhieran a las normas internacionales de derechos humanos.
"Las leyes y políticas basadas en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos pueden permitir a las personas acceder a los servicios de salud, protegerse de COVID-19 y vivir libres de estigmas, discriminación y violencia. El Laboratorio Jurídico de COVID-19 es una herramienta importante para compartir buenas prácticas sobre leyes y políticas", explica el administrador del PNUD, Achim Steiner.
La pandemia COVID-19 ha visto un gran aumento en las medidas legislativas urgentes para controlar y reducir la pandemia. "Es fundamental contar con marcos jurídicos sólidos para las respuestas nacionales a la COVID-19. Las leyes que repercuten en la salud suelen quedar fuera del sector de la salud. Dado que la salud es mundial, los marcos jurídicos deben ajustarse a los compromisos internacionales para responder a los riesgos actuales y emergentes para la salud pública. Un fundamento sólido de la ley para la salud es más importante ahora que nunca", ha comentado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Sin embargo, las leyes que están mal diseñadas, implementadas o aplicadas pueden perjudicar a las poblaciones marginadas, afianzar el estigma y la discriminación y obstaculizar los esfuerzos para poner fin a la pandemia. "Las leyes perjudiciales pueden exacerbar el estigma y la discriminación, infringir los derechos de las personas y socavar las respuestas de salud pública. Para garantizar que las respuestas a la pandemia sean eficaces, humanas y sostenibles, los gobiernos deben utilizar la ley como herramienta para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por COVID-19", según la directora ejecutiva del ONUSIDA, Winnie Byanyima.
El Laboratorio Jurídico COVID-19 es una base de datos de leyes que los países han implementado en respuesta a la pandemia. Incluye declaraciones de estado de emergencia, medidas de cuarentena, vigilancia de la enfermedad, medidas legales relacionadas con el uso de máscaras, distanciamiento social y acceso a medicamentos y vacunas. La base de datos seguirá creciendo a medida que se añadan más países y temas.
También incluirá investigaciones sobre diferentes marcos jurídicos para COVID-19. Esos análisis se centrarán en las repercusiones de las leyes de salud pública en los derechos humanos y ayudarán a los países a determinar las prácticas óptimas para orientar sus respuestas inmediatas a COVID-19 y los esfuerzos de recuperación socioeconómica una vez que la pandemia esté controlada. Se basa en la labor de la Red de Soluciones Jurídicas de la UHC, que se estableció para ayudar a los países a lograr la cobertura sanitaria universal mediante la aplicación de marcos jurídicos basados en los derechos.
